El Gabinete económico comenzó a delinear una posible continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la migración hacia otro tipo de ayuda, más acotada, que contemple a los sectores ahora bancarizados a los que el Estado no llega ni con Asignación Universal por Hijo (AUH) ni con planes sociales, según distintas fuentes oficiales consultadas.
El tema sobrevoló la reunión que encabezó este miércoles el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y de la que participaron la vicejefa Cecila Todesca, la titular de la Anses Fernanda Raverta y el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, entre otros.
La cuarta ronda del IFE comenzó a ganar terreno en los últimos días, mientras la Anses termina de pagar el tercer bono de 10.000 pesos entregado desde el inicio del aislamiento, a fines de marzo. El tercer pago, según el cronograma establecido, terminaría de abonarse el próximo lunes 21.
“La crisis económica que vivimos en estos últimos 4 años dejó a millones de argentinos afuera de la posibilidad de trabajo y salario digno. Nosotros vamos a trabajar para incorporar a todos”, dijo Raverta al término de la reunión.
El IFE llega a 8,9 millones de personas. El universo comprende a las 2,4 millones de familias que cobran AUH, a empleadas domésticas y a trabajadores informales que se inscribieron específicamente y que, hasta el inicio del programa, no estaban bajo el radar del Estado. Cada ronda de IFE -que tarda unos dos meses en pagarse- tiene un costo fiscal de unos $89.000 millones.
Como contó TN.com.ar, los $10.000 bimensuales se convirtieron el ingreso principal de muchas familias en estos tiempos de pandemia y crisis económica. Se calcula que 6,5 millones de hogares tuvieron como única asistencia estatal el IFE desde que comenzaron las políticas de aislamiento.
Según fuentes consultadas, el gabinete económico define si habilita una nueva ronda del IFE en los mismos términos que el que se termina de pagar este mes o si lo va convirtiendo en un beneficio para la pospandemia, que incluya contención y capacitación para un universo de personas que están en la informalidad y a las que ahora el Estado llegó y bancarizó.
La duda principal sobre la continuidad del IFE radica en el esfuerzo fiscal que implica. Hasta el momento, la decisión del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán es acompañar todo lo que sea necesario hasta que se haya atravesado lo peor de la pandemia. Esa lectura abre la puerta a que una cuarta ronda del IFE tome cuerpo.
Y, más allá de que se vislumbra una recuperación desde el piso de actividad de abril y mayo, esa mejora no es homogénea y también está atravesada por las idas y vueltas de las provincias con las políticas de aislamiento, en función de la proliferación de casos en todo el país en las últimas semanas.
Esas dos cuestiones -la continuidad de la crisis y la decisión de hacer el esfuerzo fiscal- inclinan la balanza a favor del IFE 4.
IFE y después
Las otras alternativas apuntan específicamente a trabajadores informales que no tienen ninguna otra contención del Estado. Por un lado, la Anses trabaja en esquemas que impliquen capacitaciones e inserción laboral. Por otro, Daniel Arroyo resalta la decisión de migrar hacia planes sociales que impliquen una contraprestación laboral específica.
Son políticas más pensadas hacia adelante que para atender la emergencia. Como referencia, el programa Potenciar Trabajo apunta a convertir 300.000 planes sociales en empleos hasta fin de año, una cifra importante pero muy inferior a los casi 9 millones de personas que hoy cobran un bono de $10.000 cada dos meses.
En otros despachos oficiales sostienen que, por eso, encarar esa migración desde la ayuda lisa y llana a un tipo de plan social que involucre inscribirse en un registro y demande hacer un seguimiento de la contraprestación laboral llevará tiempo y no puede hacerse de un momento a otro, como reemplazo automático del IFE.
De todos modos, la “canilla fiscal” empieza a cerrarse. El primer paso fue la transformación del programa ATP para sostener salarios privados en un esquema de crédito. El siguiente será la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2021, que, como anticipó Guzmán, apuntará a un déficit primario del 4,5 por ciento. El tercero y más importante: el Gobierno iniciará hacia octubre las conversaciones con el FMI para firmar un nuevo programa. Se descuenta que la discusión sobre el gasto público será central.
