El Poder Ejecutivo busca descomprimir la tensión con los sectores sindicales y para eso acordó este lunes un bono para los empleados estatales para reforzar la paritaria del año pasado. La oferta, aceptada esta tarde por el gremio UPCN, incluye una suma fija de $2000 para este mes, un incremento paritario de 3% en mayo y una ampliación de 13% del plus que se le paga a los trabajadores de la administración pública por presentismo.
La negociación había sido adelantada por el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra tras la reunión que mantuvieron los principales funcionarios del Gobierno con el presidente Mauricio Macri. Pocas horas después, el gremio que conduce Andrés Rodríguez comunicó que aceptaba la propuesta oficial.
"En el marco de la difícil situación económica que atraviesan los argentinos, nuestra Organización decidió acortar e intensificar los plazos de la negociación paritaria para lograr una revisión, cada vez más acotada, de la realidad salarial y el incesante deterioro del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores", comunicó UPCN.
Ibarra había aclarado al mediodía que la recomposición que se negoció forma parte de una extensión de la paritaria del año pasado. En las próximas semanas, los representantes del Ejecutivo y los sindicalistas volverán a sentarse para buscar un acuerdo para los aumentos salariales de 2019. La inflación estimada para este año ya ronda el 36%.
// En el último año se perdieron casi 120.000 puestos de trabajo registrados
La paritaria de los estatales de 2018 terminó con un aumento cercano al 28% más los bonos por única vez. De esta manera, la paritaria de la administración pública perdió en casi 20 puntos contra la inflación, ya que el IPC de 2018 fue de 47,6% y en los últimos meses llegó a superar el 51% anual.
Este lunes, el Gobierno le hizo un guiño a la central obrera a través de un decreto presidencial que determinó un incremento de $13.000 millones en los fondos destinados a las obras sociales sindicales. La CGT y el Gobierno negociaban la disponibilidad de esos fondos desde hace meses. Para los gremios, se trata de fondos pertenecientes a las obras sociales y que el Ejecutivo retiene "injustificadamente".
