La oposición ensaya, en la Cámara de Diputados, una sesión especial para frenar el aumento de tarifas en los servicios públicos. Pero el Gobierno mira con atención lo que sucederá después en el Congreso. En las sesiones de este miércoles, diputados y senadores deberían convertir en ley dos proyectos claves para el modelo económico de Mauricio Macri. Y dejar casi lista la ley más sensible para los consumidores: la de defensa de la competencia.
Financiamiento productivo
Esta tarde, los diputados convertirían en ley el proyecto de reforma del mercado de capitales, que transcurrió la última instancia legislativa con el más elegante nombre de Ley de Financiamiento Productivo. El texto ya tuvo media sanción de Diputados, fue al Senado y volvió a la cámara Baja con modificaciones, por lo que legisladores del oficialismo y funcionarios esperan que hoy se sancione definitivamente.
El Gobierno cree que la norma permitirá desarrollar el mercado de capitales y facilitar el acercamiento de las pymes a los instrumentos financieros. Entre otras cosas, las empresas micro, pequeñas y medianas podrán vender en el mercado las facturas electrónicas que emitan por los servicios que presten a empresas grandes. Eso convertirá a las facturas en herramientas similares a los cheques de pago diferido, que ya cuentan con un mercado secundario.
También allanaría el camino para la securitización de hipotecas, algo que piden los bancos para poder seguir entregando crédito hipotecario. Los bancos podrán "empaquetar" las hipotecas que emitan y venderlas en el mercado secundario. Al descargar esa cartera en terceros (fondos de inversión o inversores institucionales), obtendrán más fondos para seguir prestando dinero para financiar viviendas.
Hasta ahora, los bancos prestaban fondos propios para hipotecas. Pero empezaron a emitir instrumentos financieros para buscar fondos. El Banco Hipotecario picará en punta con la securitización: ya consiguió el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para descargar en el mercado préstamos hipotecarios por u$s 440 millones.
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La nueva ley de mercado de capitales también incluirá guiños a las empresas. Limitará la facultad de la CNV para designar veedores en las compañías, algo que había sido votado por el Congreso durante el kirchnerismo. Dicho de otra forma: habrá menos presencia estatal en los directorios de las empresas privadas.
Compre Argentino
El proyecto de ley de Compre Argentino también viene recorriendo un largo trayecto en el Congreso y hoy el Senado lo convertiría en ley, según adelantaron fuentes legislativas y ejecutivas a TN.com.ar.
El texto dispone que en las licitaciones del Estado para compras superiores a los $ 240 millones, el adjudicatario deberá subcontratar bienes y servicios provistos por empresas locales por al menos 20% del valor del contrato. Si fuera imposible llegar a ese porcentaje, la autoridad de aplicación podrá autorizar suplirlo por radicación de inversiones en el país, la transferencia de tecnología o desembolsos para investigación y desarrollo.
Además, aumenta los márgenes de preferencia para quienes ofrezcan bienes de origen nacional. Las Mypimes y cooperativas tendrán un 15% de margen a su favor (desde el 7% actual) y las grandes empresas, un 8% (desde el 5% actual). El Estado podrá pagar esas adquisiciones hasta ese porcentaje más caro, si compiten con un proveedor extranjero.
El proyecto también da prioridad a mypimes en compras pequeñas (hasta 1,3 millón en bienes y $ 100 millones en obra de vivienda y edificios públicos), entre otros aspectos.
Son cuestiones que el Gobierno ya viene aplicando en algunas "pruebas piloto", como la licitación para comprar 1500 coches ferroviarios eléctricos que lanzó el ministerio de Transporte en septiembre del año pasado.
Defensa de la Competencia
El proyecto del oficialismo, en este caso, lo impulsó el interbloque Cambiemos hace ya casi dos años. Luego de idas y vueltas, obtuvo media sanción en Diputados a fines del año pasado y hoy se tratará en el Senado. Fuentes legislativos anticiparon que volverá a la cámara de origen con modificaciones.
La ley define parámetros para designar a la Autoridad de Defensa de la Competencia y sanciones para las empresas con conductas monopólicas o cartelizadas. También incorpora la figura del arrepentido: el participante de un cartel, por ejemplo, tendrá una reducción o condonación de las sanciones si delata a las figuras principales de la maniobra. Y encarece las multas que pagarán las empresas por conductas anticompetitivas.
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Nadie en el Gobierno quiere responsabilizar en voz alta a las empresas por la alta inflación. A grandes rasgos, coinciden en que se trata de un fenómeno monetario: mientras el Banco Central siga emitiendo pesos para financiar el déficit del Estado, los precios bajarán poco y nada.
Pero, en la microeconomía, la ley debería servir para bajar los precios, ya que se facilitaría la detección y sanción de carteles y abusos de mercado. A mayor competencia, se supone, mejores precios.
