El Gobierno redondeó un canje casi completo de la deuda. Unos U$S650 millones quedaron fuera de la operación de reestructuración que se concretará este viernes cuando el Ministerio de Economía coloque los nuevos diez títulos públicos.
De acuerdo a fuentes oficiales y del mercado, ese 1% de bonos que quedaron fuera de la adhesión a la propuesta de pago representan un riesgo “buitre” menor, ya que por las características de los bonos y el tratamiento que tenían en la oferta oficial, es poco probable que algún tenedor pueda acudir a tribunales para pedir un par completo de ese título.
Se trata de unos U$S653 millones de bonos Par que fueron emitidos en 2010 en el segundo tramo de la reestructuración de la deuda que llevó adelante el Gobierno de Cristina Kirchner tras el primer canje de 2005, realizado para regularizar los pagos que cayeron en default en la crisis de 2001.
El Palacio de Hacienda aseguró “ningún acreedor rechazó la oferta” y que ese 1% que quedó fuera está relacionado a cuestiones técnicas. “La dispersión de los tenedores originarios de estos bonos es un desafío que conocíamos de antemano”, afirmaron fuentes oficiales.
Los títulos públicos en cuestión tienen características particulares. Uno de ellos es que están denominados en euros y regidos por la ley británica. De esa manera, si un tenedor que no aceptó el canje buscara judicializar la situación, debería iniciar una demanda en los tribunales ingleses.
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No es un detalle menor: la enorme mayoría de los juicios de bonistas realizados contra Estados soberanos en los últimos años para reclamar un pago completo o diferenciado en el contexto de una reestructuración fueron en Nueva York. Ese escenario fue la arena principal de batalla legal entre la Argentina y los buitres durante la última década y media.
Por otra parte, esos título Par tienen cláusulas de acción colectiva “viejas”, es decir, la primera versión que requiere un mínimo de respaldo de 66% por cada bono para poder “derramar” el resultado del canje para la totalidad de los tenedores. En pocas palabras, son más exigentes a la hora de concretar una reestructuración.
“A comienzos del proceso de la operación de deuda en 2020 y con colaboración del agente de información, se identificó el universo de bonistas tenedores de los títulos elegibles para la operación. Los resultados del sondeo, si bien incompletos, sugirieron que el universo de inversores minoristas era muy limitado. Conociendo los antecedentes supusimos, sin poder dimensionar su cuantía con precisión, que los tenedores minoristas se encontraban en las series correspondientes al canje de 2010″, explicaron desde Economía.
En ese sentido, apuntaron que por cuestiones técnicas y de normativa local, el registro de todos los bonistas en Reino Unido “demora mucho más tiempo”, por lo que si el país hubiera esperado a tener a todos los minoristas ingleses habría retrasado la resolución del canje.
“De una emisión original de U$S1400 millones quedaron afuera U$S600 millones. Eran los bonos que menos quitas sufrían en el canje porque ya tenían cupones del 3%”, recordó ante TN.com.ar Santiago López Alfaro, analista de Delphos Investment y exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el Anses.
“Si pasada esta etapa el Gobierno se concentra en encontrar a los tenedores de esos U$S600 millones, puede hacer otro canje. Creo que estos bonos no implican ningún tipo de juicio y que se termina arreglando en un futuro cercano, eran los más fáciles de canjear”, concluyó.
Por su parte, el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, consideró que “en términos de riesgos, el posible litigio es sobre un monto muy acotado (en 2012-2016, fue sobre más de USD 10.000 millones)”. “Por lo tanto, no implica un gran riesgo en materia económica”, dijo.
“Habrá que ver qué bono quedó afuera y si es posible pagarlo sin despertar problemas sobre el resto del canje: en ese caso, la mejor opción sería cancelarlo rápido y dejar el 100% de la deuda en condiciones normales”, apuntó Rajnerman.
Por caso, los dos canjes de 2005 y 2010 más el acuerdo de pago a los fondos buitre alcanzado en 2016 para normalizar la deuda defaulteada en 2001 no alcanzó para regularizar el 100% de la deuda que cayó en impago durante esa crisis.
De acuerdo a cálculos del analista de Research For Traders Sebastián Maril aún quedan más de 500 millones de dólares sin solución y que podrían ser objeto de judicialización en tribunales extranjeros. Pero además, en los últimos meses un grupo de fondos inició demandas por los cupones PBI -también emitidos en el canje 2005- por unos U$S1100 millones.
“El 99% alcanzado permite salir del default. Los instrumentos no canjeados no poseen cláusulas de default cruzadas con los nuevos títulos a ser entregados el 4 de septiembre. No obstante, el trabajo de restauración de la sostenibilidad continúa y vamos a diseñar una estrategia específica para estos instrumentos puesto que el enfoque sostenible es uno en el cual se preserva la integralidad”, concluyó Hacienda.
