La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) investiga si las clínicas privadas de todo el país están cartelizadas e inflan los precios de las prestaciones, supo TN.com.ar de fuentes de ese organismo gubernamental.
En ese contexto, realizó dos pedidos de informes a la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), entre fines de 2017 y fines de marzo. Busca determinar si las organizaciones empresarias que representan a los nosocomios privados fijan precios de referencia que terminan por afectar la competencia en esta rama del mercado de la salud.
La CNDC inició la investigación de oficio, como secuela de un expediente por el cual multó, en agosto del año pasado, a las clínicas y sanatorios de la provincia de Salta.
A mediados de agosto de 2017, la CNDC multó por casi 23 millones de pesos a quince clínicas salteñas. Entendió que estaban cartelizadas, ya que, a través de una federación provincial, coordinaban precios.
En ese entonces, el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el director de la CNDC, Esteban Greco, anunciaron que iniciarían una investigación a nivel nacional. Según Greco, la CNDC comprobó que Confeclisa, a través de una comisión nacional de costos, "ha establecido valores referenciales que los sanatorios usaron como elemento para coordinar precios".
// El Gobierno investiga a las clínicas porque sospecha que están cartelizadas e inflan los precios
El organismo de defensa de la competencia sospecha desde entonces que las mismas prácticas pudieron extenderse al resto del país. "Tenemos elementos para afirmar que esto influye, también, en el Noreste, el Noroeste, la Mesopotamia y Santa Fe, y puede extenderse al resto del país", dijo Greco en diálogo con la prensa el 23 de agosto pasado.
Según Defensa de la Competencia, las entidades gremiales empresarias no deben compartir información sobre precios y otros datos vinculados a las estrategias de mercado de sus integrantes.
En diciembre, la CNDC avanzó con la investigación y corrió traslado a Confeclisa para que la cámara empresaria hiciera su descargo. Las respuestas llegaron en marzo. Y motivaron nuevas preguntas del ente gubernamental, por lo que la pesquisa sigue su curso.
Confeclisa agrupa a federaciones y asociaciones de clínicas, sanatorios y hospitales de todo el país. Las representa ante los poderes públicos. En sus comunicados, predominan reuniones con funcionarios del PAMI, por caso.
El PAMI, las clínicas y las prepagas
TN.com.ar consultó a esta entidad empresaria sobre la investigación. Las respuestas llegaron en un e-mail firmado por el presidente de la cámara, Ramón Lozze. "Confeclisa es una entidad de carácter esencialmente político gremial, con fuerte predominio de actividades de capacitación y gestión para el desarrollo del sector. No fija, ni debe fijar precios ni aranceles porque no es su finalidad, ni influye en la concertación de éstos, toda vez que en este aspecto cada distrito (región o provincia) es completamente autónomo", sostuvo. Y agregó que "en todo lo relativo a los aspectos económicos del sector, se nutre esencialmente de la información que recibe de las asociaciones y federaciones de clínicas del interior en la medida que éstas lo proporcionen".
Los principales clientes de los centros de salud son las obras sociales y las prepagas. De existir la cartelización que investiga la CNDC, los ciudadanos sentirían su impacto de manera indirecta. Si las clínicas cobran caro a los prestadores de salud, las cuotas de las empresas de medicina prepaga son más caras.
Pero las prepagas hacen una interpretación distinta: el principal cliente de las clínicas y hospitales privados nucleados en Confeclisa es el propio Estado, a través de PAMI y otras obras sociales públicas, como la bonaerense IOMA.
Lo dijo Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, en diálogo con TN.com.ar. "En el mercado de la salud hay determinados segmentos de compradores únicos. Estas clínicas dependen, en su mayoría, de PAMI, de IOMA, hay un comprador único. Muchas veces, estas cámaras se unifican para tener negociaciones en conjunto. Las empresas de medicina prepaga usan poco estas clínicas, y las que las usan tienen negociaciones individuales. La cuestión es entender dónde se produce el monopolio de mercado, si se produce en el poder de compra", aseveró.
Esto no es menor. Hace un mes, el PAMI y los grandes laboratorios del país sellaron un acuerdo para transparentar las licitaciones y bajar los precios que paga el Estado por los medicamentos para los afiliados de la obra social. No fue una negociación fácil, ni mucho menos. Y el fantasma de la CNDC estuvo presente.
// Acuerdo entre el PAMI y los laboratorios nacionales: el precio de los medicamentos baja desde abril
Según fuentes que participaron de esas discusiones, el Gobierno amenazó con denunciar a los laboratorios ante la CNDC por catelización. El acuerdo despejó el panorama, pero hay funcionarios que todavía deducen que, si los laboratorios pudieron bajar los precios de manera significativa, es porque no competían.
En esa línea, Lozze, de Confeclisa, respondió: "En cuanto a valores de las prestaciones, corresponden principalmente a los que el PAMI y las obras sociales están dispuestos a pagar, ya que el subsector de la seguridad social al que pertenecen mayoritariamente nuestros asociados no es formador de precios".
La actual ley de Defensa de la Competencia impone multas de entre 10.000 y 150 millones de pesos a quienes incurran en actos contrarios a esa norma. La ley castiga, entre otras conductas, la de "fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto".
El 19 de abril, el Senado aprobó con cambios una nueva ley de Defensa de la Competencia, que ahora deberá ser convalidada por Diputados -que ya había dado media sanción. La nueva norma endurece las penas para los carteles, acuerdos de precios y repartos de mercado. Si bien hay distintos criterios para fijar las multas, pueden llegar hasta los 4000 millones de pesos o hasta el 30 por ciento de la facturación afectada por la conducta, multiplicada por la cantidad de años en que se incurrió en le acto ilícito.
