El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo dijo sin rodeos: "Tenemos una profunda convicción de separar a las empresas de las personas que hicieron estos actos contrarios a la ley". Lo repitió el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías: "Una cosa son las personas jurídicas, las empresas, y otra las personas físicas, sus accionistas o integrantes del directorio. Las empresas tienen que seguir cumpliendo con su rol y continuar haciendo obra pública". Con esa premisa, el Gobierno salió al rescate de las compañías que, involucradas en el escándalo de los cuadernos de las coimas, llevan adelante los proyectos de Participación Público Privada (PPP). Son seis autopistas y rutas seguras por unos 6000 millones de dólares.
Dietrich, Saravia Frías, el titular de la unidad de PPP José Luis Morea y el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, anunciaron la creación de un fideicomiso público que canalizará recursos de los bancos locales e internacionales para destinarlos a los seis proyectos PPP de concesiones viales que ya están en marcha.
El banco público pondrá "entre u$s200 y 300 millones", adelantó González Fraga. En el Ejecutivo esperan que otras entidades nacionales y del exterior aporten hasta llegar a los u$s1000 millones.
Los proyectos PPP licitados a mediados de año suponen que los consorcios empresarios deben conseguir el financiamiento para las obras. Ese financiamiento se divide en dos etapas: deben aportar capital para el rápido inicio de las obras y tienen un año (hasta agosto de 2019) para cerrar el paquete financiero para sostener los cinco años de trabajos.
La causa de los cuadernos puso en riesgo toda la operatoria. En concreto, los bancos se volvieron reticentes a prestarles dinero a empresas involucradas en el escándalo de las coimas. Entre los ganadores de los seis corredores viales licitados hay compañías mencionadas o en los cuadernos o por el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como parte de un cartel que se repartía las obras viales durante el kirchnerismo.
Las compañías directamente involucradas por Wagner son Cartellone (que ganó el corredor C, une Buenos Aires con San Luis, por u$s801 millones); Vial Agro (forma parte del consorcio que ganó el corredor A, que comunica Las Flores con Coronel Dorrego y Mar del Plata, en Buenos Aires, por u$s1002 millones); y Helport, de Eduardo Eurnekian (que formó parte del consorcio que obtuvo los corredores E y F, por u$s1732 millones, que cruzan Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba).
Con el fideicomiso, el Estado tomará la deuda de los bancos y la canalizará a las empresas, que pondrán a cambio las mismas garantías que les exigirían las entidades financieras. La herramienta será voluntaria: las compañías podrán financiarse de este modo o recurrir a otras alternativas.
"El compromiso de las empresas es dar inicio a las obras a fines de octubre o principios de noviembre", dijo Morea. "Para hacerlo, es necesario instrumentar financiamiento de corto plazo que permita transcurrir las obras del primer año a estos consorcios, mientras estructuran y concretan el financiamiento de largo plazo en los mercados internacionales", agregó el funcionario del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Además, el Estado implementará cambios en los certificados de obra con los que paga las distintas etapas de los trabajos, a medida que se concretan. Esos bonos podrán descontarse en los bancos, como si fueran cheques. El Banco Nación tomará esos papeles mediante una nueva línea de crédito. "Hemos comprometido una línea de 30.000 millones de pesos de financiamiento de obra pública", dijo González Fraga.
Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca que la investigación judicial no afecte el inicio de las obras viales bajo el sistema PPP, la única esperanza de reactivación de la obra pública que queda en pie luego del recorte de fondos por el ajuste presupuestario, en el marco del acuerdo con el FMI. El Gobierno ya anunció que este año destinará $30.000 millones menos a la obra pública. La poda de recursos superará los $100.000 millones en 2019.
El procurador Saravia Frías anticipó además que habrá un nuevo marco de "normas éticas y de integridad" que deberán cumplir las empresas. Las compañías integrantes de los consorcios deberán respetar procesos de transparencia para acceder al dinero del fideicomiso.
Pero, sobre todo, se esforzó en separar a las empresas de sus ejecutivos, los directores, accionistas y presidentes que confesaron delitos ante el juez Claudio Bonadio y obtuvieron el plácet de "imputado colaborador" en la causa de los cuadernos.
"Las personas jurídicas son distintas de las personas físicas. Si hay una responsabilidad penal bajo un proceso, por lo menos esas personas físicas van a tener que dar un paso al costado. Y lo vamos a implementar en el proceso de financiamiento. Esto va a ocurrir, tengan la certeza", dijo Saravia Frías.
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"El señor (Aldo) Roggio ha dado un paso al costado, ya no es miembro del directorio", ejemplificó. El accionista de Benito Roggio confesó haber pagado coimas para destrabar el pago de subsidios en Metrovías. La pregunta que quedó flotando en la conferencia es, ¿hasta dónde llegará esa responsabilidad de los accionistas? ¿Deberán renunciar en masa los altísimos referentes de las empresas más importantes del país, que estaban al tanto de los ilícitos, o se circunscribirá a los ejecutores directos de los delitos? "No nos podemos adelantar; si la empresa es responsable, habrá que determinar después la responsabilidad de la empresa", replicó el procurador.
De todos modos, los funcionarios aclararon que nada impide a las empresas vender en todo o en parte el proyecto PPP que llevan adelante y que otra compañía continúe con las obras. Así, una compañía involucrada en la causa judicial podría vender su porción a otro socio del consorcio o a un nuevo jugador, tal como está previsto en la legislación y en los contratos.
