Un proyecto de ley que ingresó ayer a la Legislatura porteña busca erradicar la garantía propietaria de los contratos de alquiler celebrados en la Ciudad de Buenos Aires.
Como publicó TN.com.ar, la iniciativa, enarbolada por un grupo de asociaciones civiles, promueve la gratuidad de los trámites vinculados al contrato de alquiler, como el informe de dominio y la certificación de firmas.
Además, exime al inquilino del pago de la comisión inmobiliaria, que no podrá exceder el 4,15 por ciento del valor del contrato (es decir, el equivalente a un mes de alquiler en un contrato de dos años).
"El/la locatario/a está por fuera de la relación de corretaje y quedará exceptuado del pago de cualquier comisión u honorario -incluyendo aquellas relacionadas con la celebración del contrato y las gestiones que requieran, las vinculadas a su administración mensual, así como cualquier otra que le corresponda cobrar al corredor/a inmobiliario/a-", dispone el artículo 1° del proyecto.
Pero el punto más sensible tiene que ver con las garantías. El texto busca reemplazar el aval de la escritura de una propiedad por un sistema que tome el recibo de sueldo o un depósito bancario.
En principio, sería la administración porteña la que debería implementar este nuevo sistema, llamado "de Pago Asegurado". Los empleados públicos de la Ciudad tendrían la opción de respaldar la locación con un sueldo o un certificado de trabajo expedido por el organismo empleador.
El proyecto de ley también dispone que el Poder Ejecutivo porteño gestionará con el Estado Nacional la implementación de un sistema equivalente para los empleados públicos de la administración central. E "invita" a las empresas a llevar adelante registros similares.
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¿Cómo funcionarían estos registros? El empleador retendría del recibo de sueldo el monto del alquiler si el inquilino incumple. "Es un sistema más ágil. Si un inquilino debe pagar 7000 pesos por mes y no lo hace por un año, ningún juez va a ejecutar una propiedad de 1,5 millones de pesos por una deuda de 84000 pesos", ejemplificó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones que impulsa la iniciativa.
La Ciudad también deberá garantizar un sistema para que los trabajadores informales, los autónomos y los monotributistas puedan acceder a una garantía no propietaria. Si bien el proyecto de ley no lo especifica y debería formar parte de la reglamentación, Muñoz afirmó que la idea es que el inquilino realice un depósito bancario equivalente a dos meses de contrato que sirva como aval. Ese dinero quedaría congelado en el banco durante la relación contractual y rendiría intereses, como un plazo fijo.
Para el inquilino, estas nuevas garantías no propietarias tienen un beneficio adicional. Al pasar por el banco o el recibo de sueldo, la operación es más fácil de formalizar. La AFIP admite que gran parte del mercado de alquileres está en negro e intenta regularizarlo. El locatario alcanzado por el impuesto a las Ganancias debe conseguir una factura para poder deducir ese gasto y ahorrarse hasta 4300 pesos por mes.
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Recorrido legislativo
En la Ciudad, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso de la Nación, cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley. El texto ingresa por la mesa de entradas y llega a las distintas comisiones que deben intervenir en el tema. Luego, el trayecto es azaroso: para prosperar, depende de que algún legislador levante la iniciativa y la impulse.
Las organizaciones que redactaron el proyecto de ley de alquileres porteño se aseguraron cierto interés de legisladores de distintos bloques antes de ingresar el texto. Por eso, creen que comenzará a tratarse en comisiones en breve. En el debate podría haber modificaciones, aunque las ONG tienen cierto aval del gobierno porteño para avanzar con un texto.
