Trabajar sin recibo de sueldo, sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud dejó de ser una excepción para convertirse en una puerta de entrada habitual al mercado laboral argentino. Según un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la informalidad laboral alcanza a casi 7 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 24 años.
Los datos corresponden al segundo trimestre de 2025 y muestran que la tasa de informalidad juvenil trepó al 67%, casi 24 puntos porcentuales por encima del promedio general, que se ubicó en el 43,3% del total de los trabajadores.
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En otras palabras, cuatro de cada 10 personas ocupadas en la Argentina trabajan en empleos que no están alcanzados por la legislación laboral, impositiva ni de la seguridad social.
El informe, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), también revela que la informalidad no impacta de la misma manera en todos los segmentos.
Mientras que entre los asalariados la tasa es del 36,7%, en el caso de los trabajadores independientes asciende al 64,7%, lo que confirma que el tipo de inserción laboral es un factor decisivo.
Pero el problema no se limita a la falta de derechos laborales. La informalidad está estrechamente vinculada con la pobreza.
Durante el mismo período analizado, el 38% de los trabajadores informales eran pobres, frente a apenas el 5% entre los trabajadores formales. La brecha deja en evidencia que tener empleo no garantiza ingresos suficientes ni estabilidad económica cuando ese trabajo se desarrolla por fuera del sistema.
“La informalidad no suele ser una situación transitoria para los jóvenes, especialmente para aquellos con menor nivel educativo”, explicó a TN Roxana Maurizio, doctora en Economía y subdirectora de la carrera de Economía de la UBA.
Según la especialista, quienes comienzan su trayectoria laboral en la informalidad tienen altas probabilidades de permanecer en ese circuito durante años, alternando distintos empleos precarios y períodos de desempleo.
“Esa trayectoria termina consolidando una informalidad permanente, con consecuencias muy graves: falta de derechos laborales a lo largo de la vida activa y, más adelante, imposibilidad de acceder a jubilaciones o pensiones”, advirtió.
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La edad también marca diferencias claras. Los trabajadores de entre 45 y 64 años (60 en el caso de las mujeres) presentan la menor tasa de informalidad, con un 34,6%, mientras que el grupo de 25 a 44 años alcanza el 42,9%.
En el otro extremo, los adultos mayores de 65 años vuelven a mostrar niveles elevados, con un 53,1%, lo que confirma que la informalidad se concentra tanto al inicio como al final de la vida laboral.
Otro factor decisivo es la educación. El informe señala que a mayor nivel educativo, menor informalidad. Entre quienes tienen estudios universitarios completos, la tasa es del 17,8%, mientras que sube al 43% entre quienes finalizaron el secundario o tienen estudios universitarios incompletos. El dato más crítico aparece entre quienes no terminaron la escuela media: allí la informalidad trepa al 65,1%.
“Los trabajadores con menor capital humano tienen una probabilidad de ser informales casi cuatro veces mayor que quienes cuentan con estudios universitarios”, resume el informe.
En cuanto al género, la informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con la única excepción del tramo joven. Al combinar edad y género, los hombres jóvenes se convierten en el grupo más afectado, con una tasa del 67,3%, mientras que los hombres de entre 45 y 65 años exhiben la más baja, con 33,7%.
Frente a este panorama, Roxana remarcó que las políticas de formación profesional son clave para romper el círculo de la informalidad. “Estas políticas permiten compensar la falta de capital humano formal y preparar a los jóvenes para un mundo del trabajo atravesado por la tecnología, la transición digital y la inteligencia artificial”, señaló.
Por último, la economista subrayó que cualquier reforma laboral orientada a modernizar el mercado de trabajo debe contemplar este desafío: cómo lograr que el primer ingreso laboral de los jóvenes sea en condiciones formales, y cómo articular las reformas con políticas activas de capacitación que amplíen oportunidades reales de inserción.
