El Gobierno dio un paso más en el proceso de privatización de Aysa. Este jueves, la compañía colocó un por primera vez un fideicomiso en el mercado de capitales antes de avanzar con la venta del 90% de su paquete accionario. Se trata de la primera incursión de la empresa en el mercado desde el macrismo.
El instrumento captó $30.000 millones y la demanda fue por más del doble. “El objetivo primordial de esta operación es el fortalecimiento del capital de trabajo de la compañía y permite anticipar ingresos futuros para asegurar la sostenibilidad operativa y la calidad del servicio que Aysa presta a 15 millones de usuarios", explicó un comunicado de la empresa.
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El activo fideicomitido en este caso es la cesión del 100% de los derechos de cobro de flujos futuros originados por el pago de servicios de Aysa mediante tarjetas de crédito y débito seleccionadas a través de canales electrónicos y telefónicos.
Desde la compañía resaltaron que el fideicomiso no requirió garantías ni avales del Gobierno, ya que cedió activos propios. Fuentes de la empresa explicaron que la colocación buscaba ver cuál era la recepción de un instrumento financiero sin el aval del Estado. En esa línea, dijeron estar conformes con la tasa (Tamar+6,8%) y la demanda que lograron.
“Tenemos que pensar a Aysa como si fuera una compañía privada y todas las firmas toman deuda en el mercado”, dicen. Por eso, no descartan hacer otras emisiones a futuro. Entre las alternativas que estudian, está la posibilidad de ofrecer una obligación negociable en el mercado. Sin embargo, creen que es posible que la empresa ya esté en manos privadas al momento de hacer la colocación de deuda.
Cómo sigue la privatización de Aysa
La privatización de Aysa se definió en la Ley Bases, que incluye un apartado donde habilita el traspaso a manos privadas del paquete accionario que el Estado tiene en la compañía, equivalente a 90% del total. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
El procedimiento de privatización se puso en marcha a mediados de este año mediante el decreto 493/2025, que fijó el marco regulatorio para pasar a manos privadas el control de la empresa que se encarga de proveer el servicio público de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Ese marco buscó hacer más atractivo el negocio de la empresa antes de ofrecerlo a privados. Por eso, entre otras cuestiones, se habilita a cortar el servicio en caso de mora en el pago, incluso en usuarios residenciales que se hayan atrasado en sus tarifas.
Con el mismo objetivo, los directivos actuales buscaron sanear el balance de la compañía, que según datos oficiales requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional por US$13.400 millones desde su estatización en 2006 hasta 2023 para cubrir el déficit operativo.
En el Gobierno esperaban que el llamado a licitación para privatizar Aysa se pudiera lanzar antes de fin de año, pero finalmente será durante el primer trimestre de 2026. Fuentes de la compañía dijeron que apuntan a publicarlo en febrero.
Mientras el proceso de llamar a licitación avanza, la conducción actual de Aysa, que lidera Alejo Maxit, estableció un plan de inversiones de transición enfocado en la mejora y el mantenimiento de la red. Y trabaja en un plan de inversiones que se presentará en 2026 para iniciar el año siguiente, ya con los nuevos dueños de la empresa al mando.
