Los beneficiarios del fallo de la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF reforzaron la presión sobre la Argentina para que cumpla con la orden de presentar chats, mensajes y mails de funcionarios y exfuncionarios.
Entre los apuntados están Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno. El pedido fue realizado por Eton Park y Petersen, financiados por el fondo Burford, y se debe a que todavía no pudieron cobrar la sentencia que tienen a favor por US$16.000 millones porque la Argentina decidió apelar. Por eso, recurren a estrategias judiciales de todo tipo para intentar forzar al país a, por lo menos, sentarse en la mesa de negociación.
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Una de ellas es intentar demostrar que entidades como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, entre otras, son alter egos del Estado Argentino. Si lograran ese reconocimiento, podrían intentar embargar bienes de esos otros organismos. Para comprobar esa tesis, los demandantes le pidieron a la jueza Loretta Preska que obligue a la Argentina a presentar mensajes de funcionarios y exfuncionarios.
Los beneficiarios del fallo se quejaron ante Preska de las demoras en la entrega de la información. En una carta que presentaron esta semana, aseguraron que la Argentina usa maniobras dilatorias y dijeron que están dispuestos a avanzar en el pedido de sanciones monetarias o de otro tipo.
A la vez, resaltaron que tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el ahora canciller Pablo Quirno se negaron a entregar sus chats. A ellos se sumaron otras cuatro personas, y varios que no respondieron a la solicitud del gobierno argentino.
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“Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego para los 11 oficiales adicionales a más tardar el 16 de diciembre de 2025, y que realice la producción para los otros 14 funcionarios a más tardar el 23 de diciembre de 2025″, pidieron.
Sin embargo, la jueza Preska finalmente estableció que el 10 de enero tiene que haber algún avance en la entrega de información y fijó una nueva audiencia para el 29. En paralelo, la Argentina espera por la resolución de la apelación que presentó en la Corte de Apelaciones sobre la causa principal de la expropiación.
“Me atrevo a decir que los demandantes pronto podrían pedir que Preska aplique sanciones contra el país. Podemos especular sobre qué tipo de sanciones pueden pedir, pero incluye el desacato. La semana que viene, Argentina debe confirmarle a Preska si los funcionarios y exfuncionarios que se han negado presentar sus celulares lo van a hacer”, sostuvo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, en diálogo con TN. El desacato podría multiplicar las multas al país, por ejemplo.
La respuesta de la Argentina
El país, por su parte, afirma que hizo entregas parciales de ese contenido, a medida que los involucrados fueron aceptando colaborar. Los abogados de la Procuración del Tesoro argumentan que los dispositivos son personales y que, por eso, requiere que los funcionarios los cedan voluntariamente.
Según un documento presentado por la defensa argentina, entre los funcionarios que no contestaron si van a colaborar o no con el proceso, se encuentran varios funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Entre ellos, Sergio Massa; Juan Manzur; Eduardo “Wado” De Pedro; Agustín Rossi; Federico Bernal; Flavia Royón; Raúl Rigo; Matías Tombolini y Guillermo Michel.
Entre los funcionarios de la gestión actual, la Argentina informó que espera por la respuesta del viceministro de Economía, José Luis Daza; del Tesorero General de la Nación, Jorge Horacio Domper; del exsubsecretario de Hidrocarburos, Luis Francisco De Ridder; y del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Por su parte, hay un grupo de funcionarios que aceptaron cooperar y entregar sus dispositivos. Entre ellos, están el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario de Transporte, Luis Pierrini; y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.
