El proyecto de reforma laboral incluye una serie de cambios en las leyes tributarias. Las principales modificaciones abarca al Impuesto a las Ganancias, IVA y otros referidos a los servicios de telefonía.
El texto oficial fue enviado por el presidente Javier Milei este jueves al Senado y será tratado en sesiones extraordinarias.
Desde el Gobierno sostuvieron que es “la transformación más grande de la historia argentina” en legislación laboral.
Reforma laboral: cuáles son los cambios tributarios que propone el proyecto del Gobierno
La reforma laboral incluye modificaciones en impuestos clave para los consumos e ingresos de las personas. Algunos de ellos son:
Excepción del Impuesto a las Ganancias
- El artículo 188 determina que las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación quedan exentas desde el 1° de enero de 2026.
- La compraventa de bonos, acciones, obligaciones negociables, FCI y Cedear, que operen o no en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) no estarán alcanzados por Ganancias. No aplica a los criptoactivos o monedas digitales.
Reducción de Ganancias para empresas
- El proyecto establece la baja de las alícuotas del tributo para empresas. Así, para las sociedades el tramo del 30% pasará al 27% y el del 35% al 31,5% desde el próximo año, según indica el artículo 191.
Reforma laboral: cuáles son los cambios tributarios que propone el proyecto del Gobierno (Foto: Adobe Stock).
Impuesto al valor agregado (IVA) para el agro
- El artículo 185 del proyecto de ley establece la exención del IVA a la energía eléctrica utilizada en sistemas y equipos de riego para el sector agroindustrial.
Quita de impuestos internos
- Se deroga la Ley de Impuestos Internos 24.674 que abarca los rubros de seguros; los servicios de telefonía celular y satelital; objetos suntuarios; automóviles y motores; embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.
- Implica que estas categorías dejarán de tributar el adicional del impuesto interno. Lo indica el artículo 192.
- Esta medida se aplicaría un mes después de la entrada en vigencia de la ley, siempre y cuando el Congreso sancione la normativa.
