Con un salario mínimo que permanece inamovible desde agosto, la discusión formal volverá a abrirse este miércoles, cuando a las 12:30 el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil retome su actividad en un escenario marcado por el reclamo sindical ante la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la conflictividad social y la resistencia del sector privado.
La convocatoria oficial llegó después de seis meses sin reuniones y con una pérdida de ingresos que, según los cálculos difundidos por las centrales sindicales, supera el 30% real desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
En paralelo a la deliberación del Consejo, sindicatos, movimientos piqueteros y organizaciones de la economía popular se movilizarán frente a la Secretaría de Trabajo. Lo harán bajo la consigna de que el salario mínimo alcance el valor de la Canasta Básica Total y con un pliego de demandas que incluye la reactivación de programas sociales, un bono de fin de año y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.
La movilización se inscribe en una serie de protestas que comenzaron a mediados de mes y que, según anticipan los convocantes, se extenderán durante todo diciembre. El deterioro de ingresos, el estancamiento de los programas y la decisión del Gobierno de sostener la modalidad virtual en el Consejo alimentan un clima de tensión creciente.
Que exigen los sindicatos
El haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1610 por hora. La actualización que rige desde hace cuatro meses no logró superar la inflación acumulada, lo que profundizó la caída real del ingreso y dejó al salario básico por debajo del nivel de 2001, según cálculos sindicales. También se ubicó como el más bajo de la región medido en dólares.
Este atraso tiene un impacto directo en las prestaciones sociales que dependen del Salario Mínimo, Vital y Móvil para su cálculo. A la par, las organizaciones sindicales denuncian que los programas de trabajo y acompañamiento social están congelados y que cualquier modificación a la movilidad prevista en el Presupuesto 2026 agravaría aún más la situación.
Pero además, el salario mínimo sirve como parámetro para los trabajadores informales, por eso su impacto es mucho más amplio que lo que tiene que ver con lo formal.
En ese marco, las dos CTA enviaron una carta formal al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que reclamaron una canasta “objetiva” que sirva como parámetro para fijar el salario básico. También cuestionaron la continuidad de las sesiones virtuales, heredadas de la etapa de pandemia, porque consideran que limitan la transparencia y obstaculizan la dinámica de negociación entre trabajadores y empleadores.
Movilización sindical y social
Los principales referentes de la economía popular sostienen que el valor actual del salario mínimo volvió inviable la vida cotidiana de los trabajadores informales, cooperativistas y quienes sostienen espacios de cuidado o comedores comunitarios. En ese universo, el Salario Social Complementario -que quedó en $78.000- es señalado como un ingreso “pulverizado” frente al aumento de precios.
Bajo esa premisa, este miércoles reclamarán en el marco del Consejo del Salario. La UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial encabezarán la concentración desde las 11 en la sede de Trabajo. Se organizarán bajo la consigna de que el salario mínimo debe igualar la Canasta Básica Total, hoy estimada por el INDEC en más de $1,2 millones para una familia integrada por dos adultos y dos chicos.
Además del reclamo salarial, las organizaciones insisten en que el Gobierno debe otorgar un bono de fin de año y actualizar los programas sociales. Señalan que la política oficial deterioró el tejido social y advierten que diciembre será un mes atravesado por nuevas protestas, asambleas y movilizaciones en todo el país.
