La jueza Loretta Preska ratificó su orden para que la Argentina entregue chats y mails de funcionarios y exfuncionarios argentinos, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa. En ese sentido, emplazó a que el país presente antes del 10 de noviembre el listado de quiénes colaborarán con la Justicia de EE. UU; y fijó para el 21 de noviembre el plazo para entregar la documentación.
La magistrada, la misma que en septiembre de 2023 condenó al país a pagar US$16.000 millones a los demandantes, Petersen y Eton financiados por Burford, por la expropiación de la petrolera y que en julio ordenó que pagara parte de esa sentencia con acciones de YPF, amplió el pedido de información para que se incluyan los contactos en plataformas como WhatsApp, Signal y redes sociales.
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La audiencia se enmarcó en el proceso de discovery, que se tramita en el juzgado de Preska, y por el que los demandantes buscan activos argentinos para embargar y cobrar parte de la millonaria sentencia por la expropiación de YPF.
Con esa información, los beneficiarios del fallo buscan descubrir si la propia YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionan como “alter ego” de la República.
Los abogados del país habían pedido a Preska que extendiera el plazo para recopilar la información que vencía el 30 de octubre, hasta el 21 de noviembre y se comprometieron a solicitar la colaboración de 35 funcionarios y exfuncionarios para que entregaran sus dispositivos y preservaran las comunicaciones privadas. También informaron a Preska que se inició el proceso de apelación contra la orden de entrega de chats y mails.
En la nueva audiencia presidida por Preska, este martes, la defensa argentina planteó que no puede garantizar que los funcionarios y exfuncionarios hayan conservados las comunicaciones, dijeron a TN fuentes de la causa.
Los demandantes financiados por el fondo Burford, por su parte, se quejaron de lo que consideran una maniobra dilatoria de la Argentina y reclamaron a Preska que si para el 21 de noviembre sigue sin entregarse la documentación requerida, se declare a la Argentina en desacato.
Esa posibilidad -dijeron las fuentes consultadas- quedó abierta en la audiencia, aunque no hubo orden directa la magistrada, quien dejó advertencia que si la Argentina incumple con la orden en los tiempos acordados, abrirá una investigación (discovery sobre el discovery) para determinar los motivos y las posibles sanciones a aplicar.
