Los representantes legales de los demandantes de la Argentina en el juicio internacional por la expropiación de YPF le pidieron a la justicia de Estados Unidos que no postergue la entrega de los chats de funcionarios locales. El plazo original para entregarlos vencía este jueves, por lo que se espera una definición para las próximas horas.
En su descargo, el abogado en representación de Petersen y Eton señaló que la Argentina tuvo desde julio y agosto “órdenes claras del tribunal” para entregar las comunicaciones, pero “no actuó en tiempo y forma”. Entre otras definiciones, sostuvo que existe una demora autoimpuesta: “La dificultad para cumplir con el plazo del 30 de octubre es atribuida exclusivamente a la República, que recién ahora planea contactar a los custodios, sin garantías de producción concreta”.
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La intención de Buford es que Argentina cumpla este mismo jueves con la entrega de las comunicaciones completas, o, en su defecto, que se imponga un plazo máximo para cumplir con su deber el próximo 21 de noviembre, sin excepción. No obstante, aclararon: “Con el entendimiento de que, si fuera necesario, las partes acordarían extenderlo aún más si los custodios respondieran afirmativamente y tuvieran documentos pertinentes”.
Además, acusó a la Argentina de “usar tácticas de demora en todos los aspectos del proceso de descubrimiento”, incluyendo producciones limitadas de documentos y falta de respuesta a propuestas de búsqueda y custodia enviadas por los demandantes. En el mismo sentido, indicaron que el Gobierno rechazó una “propuesta razonable” de los demandantes para extender el plazo “solo si se garantizaba una producción completa antes del 21 de noviembre”, y “ni siquiera aceptó reunirse para discutirla”.
La presentación que hizo Buford indicó que la Argentina entregó sus avisos de preservación, pero “lo hizo con retraso y sin mención específica a plataformas como WhatsApp, lo que genera dudas sobre si las comunicaciones relevantes están siendo preservadas”. En tanto, hicieron hincapié en el riesgo de perjuicio para los demandantes, ya que la acumulación de demoras y omisiones “está afectando el avance del caso y los derechos de los demandantes”.
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Este miércoles, los representantes legales de la República expusieron los argumentos de la apelación contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, a la que calificaron de “errónea” y basada en una interpretación equivocada del derecho argentino.
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación en un comunicado oficial, los abogados del Estado argentino hicieron foco en la necesidad de respetar la jurisdicción nacional en un caso que —según planteó— debería haberse tramitado ante los tribunales locales.
Durante la audiencia, los letrados remarcaron que la sentencia inicial se fundó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias” y que el reclamo promovido por Burford y Eton Park Capital Management no tiene relación con el mercado bursátil estadounidense. Los fondos, recordaron, no adquirieron sus acciones en la oferta pública inicial de YPF de 1993, sino muchos años después, mediante operaciones privadas con Repsol en España, “rodeadas de serias sospechas de corrupción”.
