El Gobierno definió que a fines de 2026 todas las rutas concesionadas deberán tener implementado un sistema de cobro electrónico de peaje. Así lo establece el decreto 733/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que extiende el plazo de adecuación para las empresas privadas encargadas de gestionar las autopistas y rutas nacionales.
La medida avanza en el objetivo del presidente Javier Milei de transformar completamente el sistema vial y reemplazar el cobro manual por el Telepase obligatorio, un esquema que busca agilizar el tránsito, reducir los costos operativos y eliminar las demoras en las cabinas tradicionales.
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Según el decreto, las concesionarias podrán mantener por un tiempo un sistema mixto, con cabinas con barreras pero sin personal, mientras se avanza hacia el modelo free flow, sin necesidad de detenerse para abonar.
El nuevo cronograma reemplaza al establecido en marzo, cuando se había fijado que para fines de 2025 todas las rutas privatizadas debían tener cobro automático. Con esta modificación, el Gobierno da un año más de margen, pero mantiene la meta de eliminar el cobro manual antes de junio de 2027.
En paralelo, la Casa Rosada impulsa la masificación del Telepase como herramienta central del sistema. Este método, que ya utilizan millones de usuarios en el Área Metropolitana, se convertirá en el único medio válido para circular por las rutas concesionadas.
Preocupación sindical por los puestos de trabajo
La decisión generó preocupación en el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), que advirtió por el impacto laboral de la medida.
Su secretaria general, Florencia Cañabate, aseguró que el decreto “acelera un proceso de automatización que viene desde hace años” y reclamó que el Gobierno implemente planes de capacitación y reconversión para los trabajadores afectados.
“No nos oponemos a la tecnología, pero exigimos que los empleados sean reubicados en tareas de mantenimiento, seguridad vial o administración”, señaló. Según sus estimaciones, unos 1500 puestos de trabajo están en riesgo si las concesionarias avanzan sin acuerdos de transición.
En paralelo a la automatización, el Gobierno busca acelerar la privatización de los corredores nacionales. En los últimos días, siete constructoras presentaron seis ofertas para operar rutas estratégicas que conectan Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, fundamentales para el comercio dentro del Mercosur.
Sin embargo, la incertidumbre financiera y la volatilidad encarecen las concesiones, un obstáculo que podría demorar las inversiones necesarias para implementar la tecnología de cobro automático en todo el país.
