El Gobierno dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto del sector aceitero y desactivó el paro que estaba previsto para comenzar mañana a las 6. La medida de fuerza amenazaba con detener la operatoria en las principales plantas agroexportadoras del país y frenar la liquidación de divisas que el Tesoro necesita para contener la pérdida de reservas.
El paro había sido convocado horas antes por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo.
En un comunicado titulado “Huelga Nacional Aceitera”, ambas organizaciones habían anunciado que, ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria, iniciarían medidas de fuerza conjuntas en todas las plantas aceiteras del país.
Los gremios fundamentaron su reclamo en “el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”, y precisaron que ese ingreso debía asegurar “la satisfacción de las nueve necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Según los estudios citados por las entidades sindicales, “el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $2.344.728 para el mes de septiembre de 2025”, cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el 9 de abril.
Un sector estratégico para el ingreso de dólares
En las últimas jornadas de alta volatilidad, el Gobierno redobló los esfuerzos evitar que el dólar toque el techo de las bandas cambiarias. Para sostener la cotización, en el mercado estiman que el Tesoro ya vendió más del 60% de los US$2200 millones que le compró al campo hace unos 10 días gracias a la eliminación temporal de las retenciones.
Una paralización del sector aceitero podría comprometido ese flujo en un momento de extrema fragilidad para las reservas internacionales y en medio de la campaña electoral.
Por eso, a través de una disposición firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Ágata Mentoro, la Secretaría de Trabajo encuadró el conflicto en el marco de la Ley 14.786 y dispuso “un período de conciliación obligatoria por el término de quince (15) días”, retrotrayendo la situación “a la existente con anterioridad al inicio del conflicto”.
El Ministerio de Capital Humano intimó a la FTCIODyARA, al SOEA y a sus sindicatos adheridos “a dejar sin efecto, durante el período indicado, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.
A su vez, requirió a las empresas -entre ellas Cargill, Bunge, LDC, Terminal 6, Molinos Agro, Renova y Cofco- abstenerse “de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales” y otorgar tareas en forma normal.
La disposición exhortó a las partes “a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social”. También fijó una audiencia para el próximo martes, a las 12.
Si no llegan a un acuerdo en el plazo estipulado, Trabajo cuenta con la posibilidad de prorrogar la conciliación y darle aire al Gobierno hasta las elecciones del 26 de octubre.
