El recorrido del juicio por YPF sigue sumando capítulos. Esta vez, con la tercera apelación en el juicio en el que la Argentina fue condenada a pagar US$16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la expropiación durante el kirchnerismo.
El recurso apunta a frenar la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar mensajes de los últimos dos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.
Los abogados del país presentaron un escrito ante el juzgado de primera instancia de Nueva York para avisar el inicio del proceso de apelación ante la Corte de Nueva York, la misma que ayer recibió los argumentos argentinos contra la entrega de acciones de la petrolera.
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Con esta tercera apelación, la defensa argentina apunta a que se deje sin efecto la orden de Preska para que se entreguen mensajes y dispositivos personales de funcionarios y exfuncionarios del Palacio de Hacienda.
Se da en el marco del proceso de discovery en el que los beneficiarios de la sentencia (Burford Capital) por US$16.000 millones se busca probar la figura del alter ego, es decir, si YPF y otras empresas como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación funcionan como una “extensión” del Estado.
Si se convalida, los fondos demandantes podrían reclamar embargos sobre esas firmas para cobrar parte de la sentencia de septiembre de 2023 y que también fue apelada por el Gobierno.
La Argentina presentó tres apelaciones por el juicio por YPF
A fines de julio, la jueza Preska ordenó el embargo y la entrega de información de funcionarios públicos en medio del discovery del alter ego.
Con la medida, la magistrada apunta a que recolectar los mensajes de esos funcionarios y exfuncionarios vinculados a la causa, a través de palabras clave como YPF, Banco Nación o Aerolíneas, pero sin extraer datos sobre la vida privada de los ministros y secretarios.
La Argentina presentó dos recursos ante Preska para frenar la entrega de información “sensible” por considerar que “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”.
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Sin embargo, la magistrada ratificó a mediados de septiembre esa directiva y emplazó a cumplirla antes de fin de mes.
Por eso, los letrados del país definieron apelar ante el tribunal de segunda instancia, que ya trata -por separado- otros dos recursos por el mismo juicio: la apelación para evitar la entrega de acciones de la petrolera como parte de pago de la sentencia; y la que busca anular la cuestión de fondo, es decir la condena por US$16.000 millones.
