La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el costo fiscal que implicaría el proyecto de Emergencia Pediátrica que la oposición buscará convertir en ley en el Senado. Equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica y residentes del Hospital Garrahan al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto anual estimado en $133.433 millones.
La Cámara Alta también prevé tratar el financiamiento universitario, que junto al aumento de fondos al Garrahan, cuenta con media sanción en Diputados. El Gobierno ya alertó que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el déficit cero.
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El proyecto de Emergencia en Pediatría y Residencias, que lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, declara la emergencia sanitaria por 2 años de la salud pediátrica y las residencias nacionales, debido a la grave situación que atraviesa el sistema.
En tanto, la iniciativa elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) busca garantizar mayor presupuesto para las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes.
El impacto fiscal del proyecto de ley de Emergencia Pediátrica
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto anual estimado en $133.433 millones.
La OPC es un organismo que se dedica a realizar estudios económicos de diversos temas y que estima los costos fiscales de los proyectos de ley que se discuten en el Congreso.
A junio de 2025, el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanzó a 3176, de los cuales 1832 (57,7%) son becarios y 1344 (42,3%) son residentes. La OPC advirtió que no hay partidas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias.
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Las principales claves de la Ley de Financiamiento Universitario que tratará el Senado
El Senado busca convertir el proyecto que tiene como fin garantizar el financiamiento sostenido de las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial paradocentes y no docentes. A continuación, los principales puntos claves al respecto:
- La Ley de Financiamiento Universitario propone una recomposición salarial para docentes y no docentes, en línea con la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
- Crea un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país. El monto se actualizará de forma anual por inflación.
- Implica una ampliación anual y progresiva del monto de becas estudiantiles.
- Busca que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará de forma escalonada hasta alcanzar una participación del 1,5% del PBI en 2031.
El Congreso dio un debate similar el año pasado. El 15 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el financiamiento para las universidades, y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por el presidente Javier Milei.
En ese entonces, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo fiscal de 0,14% del PBI de la norma sancionada, que preveía que el Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias de 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales”.
