El Gobierno dio un paso más este martes hacia la privatización de AySA, la empresa estatal de agua potable y saneamiento que brinda servicios en el AMBA.
Lo hizo mediante la resolución 1198 del Ministerio de Economía, que ratificó el proceso iniciado a mediados de julio y por el que se estableció que se venderá el 90% de las acciones en manos del Estado.
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Se hará de dos formas: se venderá al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras el remanente de acciones se comercializará en la Bolsa.
Con el ingreso de capital privado, el Gobierno espera que se modernice la empresa.
La privatización de AySA fue lanzada el 23 de julio, un día después de que el Gobierno modificó las normas con las que opera en el AMBA, entre ellas cortar el suministro de agua por falta de pago.
La resolución este martes de Economía instruye a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar la privatización y a contratar un banco público para tasar el paquete accionario, tras la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de completar la valuación en tiempo razonable.
La venta inicial deberá concretarse en un plazo de 8 meses. La colocación del restante de las acciones buscará garantizar que el Estado mantenga una participación mínima mientras se asegura la llegada de capital privado.
La Secretaría de Obras Públicas será responsable de elaborar la documentación técnica y contractual, incluidos los contratos de concesión. También deberá asegurar que la privatización no interrumpa el servicio de agua potable y cloacas.
Además, la venta del paquete mayoritario se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, con la asistencia técnica de AySA para garantizar transparencia y eficiencia en el procedimiento.
Los pasos para la privatización de AySA
El Gobierno avanza con el proceso de privatización de AySA. Con la publicación del DNU 493, en julio, el Ejecutivo actualizó el marco regulatorio de la empresa distribuidora y habilitó la venta de acciones y la entrada de capital privado a la empresa.
El 90% del capital de AySA pertenece al Ministerio de Economía, mientras el 10% restante corresponde a los empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada.
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Oficialmente, el Ejecutivo argumentó que la decisión de privatizar se tomó por “un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
Y acusó, en los considerandos de la normativa, el “creciente deterioro operativo y financiero” de la empresa, que demandó transferencias del Tesoro por US$13.400 millones entre 2006 y 2023.
En tanto, a través del decreto el 494, autorizó la privatización total de AYSA. Es el modelo para luego avanzar hacia la cesión al sector privado, que incluye el llamado a una licitación para una parte del paquete accionario y el ofrecimiento en la Bolsa de otra porción de las acciones.
Sin embargo, esta etapa no llegará de inmediato. El anuncio para el llamado a licitación se espera para el último tramo del año y la adjudicación, recién en 2026.
