El gobierno de Javier Milei activó una nueva herramienta digital para manejar las licitaciones y concursos vinculados a la privatización total o parcial de empresas estatales. La plataforma, incorporada al sistema CONTRAT.AR por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), busca agilizar los trámites y asegurar que se realicen con transparencia, competencia y amplia participación, como exige la Ley de Bases y la Ley de Reforma del Estado.
La medida quedó oficializada este lunes con la publicación de la Disposición 29/2025 en el Boletín Oficial. El módulo —llamado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”— permitirá concretar de forma completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.
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Desde la ONC explicaron que quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar en los nuevos procesos sin volver a registrarse. El resto de los interesados deberá crear un usuario en la plataforma y validar su identidad, siguiendo el procedimiento detallado en la normativa.
También tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que están habilitados a contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos legales.
El nuevo sistema aplicará las mismas reglas que ya rigen para otros procesos dentro de CONTRAT.AR. En el caso de licitaciones para obras de infraestructura o servicios públicos, se seguirá usando el procedimiento vigente desde 2024, que queda integrado a esta herramienta.
Según la ONC, el objetivo es reducir tiempos y unificar criterios, bajo principios de gobierno abierto, publicidad y eficiencia administrativa. El módulo entrará en funcionamiento el primer día hábil después de su publicación en el Boletín Oficial.
Cuando Milei asumió la presidencia comenzó una suerte de “programa de limpieza y saneamiento” sobre las cuentas de las compañías públicas que incluyó ajustar gastos operativos y achicar la cantidad de trabajadores. Sin embargo, después de la aprobación de la Ley Bases, no se concretaron mayores avances.
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Por la Ley Bases, quedaron sujetas a privatización ocho empresas: de manera total Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); Energía Argentina (Enarsa); Intercargo; Corredores Viales; Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos). Para privatización parcial, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
Más adelante, el Ejecutivo se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar en noviembre de este año una hoja de ruta sobre la privatización y concesión de las empresas incluidas en la Ley Bases. Así consta en el último reporte presentado ante el organismo, en abril, cuando se cerró el acuerdo por US$20.000 millones.
Ahora, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, tiene planificado que durante este semestre queden listos los pasos administrativos para concretar distintas privatizaciones. Por eso publicó una serie de avances administrativos para pasar a manos privadas firmas como Intercargo, Corredores Viales, Aysa y las acciones de Enarsa.
