El proyecto de los gobernadores para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que ya tiene media sanción del Senado, tensó el vínculo del Gobierno de Javier Milei con los gobernadores aliados. ¿Pero qué se discute? ¿Cuáles son los números detrás de la pelea?
Según un análisis realizado la Fundación Mediterránea, los cambios que propone el proyecto aumentan la participación de las provincias, en desmedro de la Nación, en casi un tercio de la recaudación total del impuesto.
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La iniciativa tiene por objetivo eliminar una serie de fideicomisos y fondos, y las asignaciones específicas sobre el Impuesto a los Combustibles. El proyecto propone pasar a distribuir 14,29% al Tesoro Nacional; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social y 57,02% a los Tesoros Provinciales.
Sumando los fondos del Tesoro y para la Seguridad Social, el sector público nacional pasaría a recibir un 42,98% y las provincias un 57,02% del total recaudado por el impuesto a los combustibles, de acuerdo con el estudio.
Los números detrás de la pelea
Según con el artículo de la Fundación Mediterránea titulado “Combustibles. Más fondos para las provincias, ¿y la infraestructura?”, presidida por María Pía Astori, la pérdida de ingresos para la Nación, si durante 2024 hubiera estado vigente la distribución que se propone en el proyecto de ley, habría representado el equivalente al 0,12% del PIB. Mientras que podría resultar de alrededor de 0,16% del PIB en 2025.
A su vez, el 57,02% del impuesto a los combustibles que pasaría a distribuirse a las provincias, el proyecto contempla asignar automáticamente un 25% en partes iguales entre las provincias y CABA y un 75% según los índices de distribución secundaria de la ley de coparticipación.
“Este nuevo esquema implica cambios en la participación de cada jurisdicción en la distribución del impuesto. Ganarían participación especialmente CABA, Catamarca, Santa Fe y Tucumán. Entre los que pierden se destacan las provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). También cederían terreno Corrientes y Misiones”, indicó el estudio.
Sin embargo, el proyecto fue acordado entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Esto se debe a que el conjunto de provincias aumentaría significativamente su participación en la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles. Para el total de las provincias implica el equivalente a incrementar un 2,5% los envíos automáticos por coparticipación.
“Si se estiman los montos a recibir por cada provincia con el proyecto de ley en el segundo semestre de 2025, todas las jurisdicciones subnacionales se verían favorecidas, desde un 38% en el caso de Neuquén, hasta un 725% cuando se trata de CABA, y una suba promedio del 124% para el consolidado de provincias”, detalló el informe.
¿Pero cuál es el costo fiscal para la Nación de los dos proyectos impulsados por gobernadores? El análisis de Fundación Mediterránea detalla que si hubieran estado vigentes en 2024 la distribución de fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles habrían significado el equivalente a 0,18% del PIB ($1,47 billones a valores constantes de junio de 2025).
“Es decir, se habría sacrificado un 60% del superávit financiero del 0,3% del PIB alcanzado por el sector público nacional ese año. Para el año 2025, la estimación de costo fiscal para la Nación ascendería a 0,21% del PIB (monto del orden de los $1,78 billones), prácticamente la mitad del superávit financiero que se podría alcanzar este año”, detalló.
Además, mencionó como “la principal debilidad del proyecto” el hecho de que “incrementa notablemente la porción de la recaudación del impuesto a los combustibles que se distribuiría automáticamente a provincias, sin incluir obligaciones o asignaciones específicas para los recursos transferidos, que pasarían a tratarse como ingresos de libre disponibilidad”.
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“La importancia del tema ameritaría una discusión objetiva y cuidadosa sobre una nueva distribución de responsabilidades en materia de construcción y mantenimiento de infraestructura pública, por niveles de gobierno. Esto requiere prever los recursos suficientes para atender las funciones, tema que el proyecto pasa por alto”, completó.
Sin embargo, los gobernadores vienen reclamando la ausencia total del Estado nacional en ese tema y por eso presionan para recibir los recursos. De hecho, al igual que lo hizo el bonaerense Axel Kicillof hace varios meses, este martes fue el santafesino Maximiliano Pullaro el que instaló carteles al inicio de las rutas que están bajo responsabilidad del Gobierno nacional y que se encuentran en estado de abandono.
