La feria de La Salada, uno de los centros comerciales más grandes del país, continúa clausurada por orden judicial desde hace más de diez días. El cierre, que se produjo tras la detención de Jorge Castillo -conocido como el “Rey de La Salada”-, generó una crisis que afecta a miles de puesteros.
El operativo que derivó en el cierre incluyó más de 60 allanamientos y dejó un saldo de 16 personas detenidas, acusadas de lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal. Desde entonces, los accesos a los predios Punta Mogote, Ocean y Urkupiña permanecen bloqueados y bajo custodia policial.
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Asimismo, la Justicia también avanza en una causa que investiga el funcionamiento de unas 25 empresas vinculadas a Castillo, tanto en el país como en el exterior.
Mientras tanto, crece el malestar de los trabajadores de la feria, que en los últimos días protagonizaron cortes en el Puente La Noria, el Camino de la Ribera Sur y en distintos puntos del conurbano. “No tenemos nada que ver con Castillo. Solo queremos trabajar”, repiten los manifestantes, que también se movilizaron a la Municipalidad de Lomas de Zamora y fueron recibidos por el intendente Federico Otermín.
Desde el Gobierno, en tanto, se analiza una posible “solución social” al conflicto. La alternativa que está en estudio contempla reubicar a los feriantes en otros predios del municipio o en localidades cercanas. Sin embargo, la mayoría de los puesteros aún no puede retirar su mercadería de los galpones clausurados, lo que impide que puedan continuar con su actividad comercial en otros espacios.
Según estimaciones no oficiales, cerca de 100.000 personas dependen de forma directa o indirecta de la economía que gira en torno a La Salada. Se calcula que hay al menos 8000 puestos afectados, sin contar a vendedores ambulantes, carreros, pequeños locales gastronómicos y kioscos.
Este miércoles, la Justicia otorgó la prisión domiciliaria a Margarita Nilda Arrieta, suegra de Jorge Castillo, también detenida en la causa. El fallo fue firmado por el juez federal Luis Armella, quien además está a cargo de resolver el futuro del predio clausurado.
