El Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzar en una reforma jubilatoria para seguir apuntalando el ancla fiscal del programa económico. Sin embargo, pospuso la presentación del proyecto ante el Congreso hasta diciembre de 2026.
La principal justificación tiene que ver con la complejidad del rediseño previsional. No obstante, también es muy probable que el Gobierno prefiera abordar el tema en un año que no sea electoral y con una composición del poder legislativo que sería más favorable después de las elecciones de octubre.
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De acuerdo con el reporte del staff del FMI, las autoridades locales están preparando una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad. Su presentación a fines del año que viene es una de las metas estructurales que tiene el acuerdo de facilidades extendidas que se anunció la semana pasada.
“La iniciativa propuesta buscaría optimizar el sistema fragmentado actual y armonizar mejor las contribuciones con las prestaciones, incluyendo impulsar la formalización del mercado laboral", comentaron los técnicos del FMI.
Para el organismo que conduce Kristalina Georgieva, la reforma jubilatoria es fundamental para “mejorar la calidad del ancla fiscal”. Para lograrlo, el FMI consideró que la Argentina tendrá que cumplir con tres tareas:
- Mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario (reforma fiscal).
- Fortalecer el sistema de coparticipación de ingresos y los incentivos de disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno.
- Impulsar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
“Estos esfuerzos deberán estar bien organizados y tener en cuenta las limitaciones de capacidad, donde se espera la asistencia técnica de los socios para el desarrollo, así como la necesidad de generar consenso político”, resaltó la entidad multilateral.
Primer paso: el fin de la moratoria
En línea con los compromisos asumidos ante el FMI, el Gobierno dio de baja la moratoria previsional a fines de marzo. Según el informe de gestión que Guillermo Francos presentó esta semana ante el Congreso, la decisión “debe comprenderse dentro de un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social”.
“Las moratorias nacieron como una medida excepcional en un momento histórico determinado, con el objetivo de reparar desigualdades estructurales del mercado laboral argentino, particularmente en lo que respecta a la falta de registración laboral”, argumentó el documento oficial.
Y agregó: “Sin embargo, su reiteración y ampliación en el tiempo han desnaturalizado esa lógica excepcional, convirtiéndola de hecho en una vía permanente de acceso a la jubilación sin aportes suficientes y afectando la sostenibilidad y coherencia del sistema”.
“El fortalecimiento del sistema de seguridad social no se garantiza con excepciones a la legislación, sino con un fuerte compromiso para lograr un aumento en la formalización del empleo y un crecimiento económico genuino y sostenible”, consideró la presentación de Francos.
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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, resaltó que continúa vigente la posibilidad de regularizar años de aportes para las personas que están a menos de 10 años de la edad jubilatoria.
Además, compartió algunos números de la moratoria:
- Desde la creación de la moratoria (Ley 27.705), hace dos años, accedieron a un beneficio previsional 580.623 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% son varones.
- Entre los 7.437.435 jubilados y pensionados del SIPA, 4.062.221 (54,6% del total) accedieron al beneficio por alguna de las moratorias que se implementaron.
- El 74% de los beneficiarios previsionales con moratoria del SIPA son mujeres.
- A diciembre de 2024 el Estado nacional gastó $1.398.726 millones mensuales en jubilaciones y pensiones otorgadas por moratoria, lo que equivale a 2,57% del PBI.
