Luego de las elecciones legislativas, el Gobierno prevé un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de luz y gas natural con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público y focalizar la asistencia en los sectores que menos tienen.
La Secretaría de Energía apunta a establecer solo dos categorías: usuarios con subsidios, definidos con una tarifa social, y usuarios sin subsidio. Este esquema, plasmado en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y será similar al esquema durante la gestión de Mauricio Macri entre 2016 y 2019.
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Hoy existe una segmentación de la asistencia estatal divida en tres niveles: ingresos altos (N1), bajos (N2) y medios (N3) y que está vigente desde 2022. En el informe de la gestión de Javier Milei que presentó el miércoles Guillermo Francos ante el Congreso que incluyó la cantidad de usuarios con subsidios energéticos.
Del texto oficial se desprende que hasta principios de abril había más de 2,8 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De este total, 1.972.865 se ubican en el N2 y 1.139.825 en N3. Mientras 2,3 millones abonan la tarifa plena de electricidad.
En el caso del gas, 2.220.005 reciben subvenciones en el AMBA, según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Cambios en los subsidios a la luz y el gas: qué acordó el Gobierno con el FMI
Ante el FMI, el Gobierno se comprometió a cumplir con algunas metas. En el staff report, el Ejecutivo ratificó que avanzará en una tarifa social para la luz y el gas dirigida a los hogares más pobres.
“Las tarifas seguirán alineadas en general con los niveles de recuperación de costos para los hogares de mayores ingresos y los usuarios comerciales, y se procurará sustituir el complejo esquema de segmentación tarifaria por un único subsidio energético para los hogares de bajos ingresos”, indica el texto del Fondo.
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La intención oficial era avanzar en ese esquema para mayo, junto con los nuevos cuadros tarifarios que surgieron de las audiencias públicas de febrero, en las que se plantearon aumentos requeridos y los planes de inversión de las distribuidoras y transportistas de energía eléctrica y de gas.
Sin embargo, el calendario se postergó ante la volatilidad que en marzo dejó el mercado cambiario y su posible impacto en la inflación.
Otra de las metas que el Gobierno dejó por escrito en el acuerdo con el FMI es avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad (MEM) para noviembre, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
En ese sentido, la Secretaría de Energía dictó la resolución 21, que habilita a las empresas energéticas a celebrar contratos sin la intermediación de la compañía CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), con la intención de recuperar un esquema de libre contratación.
“La iniciativa propuesta buscaría racionalizar el sistema fragmentado actual y armonizar mejor las contribuciones con las prestaciones, incluyendo el fomento de la formalización laboral”, señalaron.
