El Gobierno nacional eliminó la obligatoriedad del pago de aportes a cámaras empresarias en concepto de capacitación, un esquema que beneficia a cuatro entidades sectoriales que incorporaron en sus convenios colectivos de trabajo el cobro compulsivo. Ese cobro genera desde hace años el rechazo de las entidades que habían quedado fuera del esquema.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) cobran 0,5% del salario de cada empleado, esto es $4725,02 por cada trabajador desde marzo. Con 1,2 millones de afiliados, representa un ingreso mensual de entre $5000 millones y $6000 millones, según cálculos oficiales. En el caso de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra), la contribución obligatoria es del 1% sobre una masa salarial de 250.000 trabajadores, unos $2500 millones por mes.
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Según la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), “esta contribución no esencial representará un ahorro mensual de unos $47 millones” en el sector, que emplea unos 10.000 trabajadores. “El aporte solo encarece los costos laborales, porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse”, planteó.
El decreto 149/2025 publicado este miércoles decidió que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.
La decisión del Gobierno del presidente Javier Milei se enmarca en la política de desregulación de la economía que lleva adelante el ministro Federico Sturzenegger. Fue bien recibida por las cámaras que venían reclamando por ese cobro compulsivo y que incluso había sido judicializada en algunas ocasiones, pero generó preocupación en las instituciones que verán fuertemente afectados sus ingresos, pese a que su destino era para “capacitación” al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).
Tras la determinación del Gobierno, la Confederación Federal Pyme Argentina pidió intervenir la CAME “por el manejo de esos millonarios fondos” y reclamó la renuncia del actual presidente de la entidad, Alfredo González, porque a eso “se suman las escandalosas condenas en la Justicia por acoso laboral y trabajo en negro”, planteó.
En tanto, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) destacó la decisión oficial, tras varios reclamos formales que habían realizado en los últimos 30 años. “Esta medida cambia la forma de vinculación entre asociados y cámaras. Es un gran avance para la industria metalúrgica, especialmente para las pymes, que durante años se vieron obligadas a realizar aportes que no habían elegido”, subrayó José Luis Ammaturo, secretario de la entidad.
Cruces por los aportes compulsivos
Si bien los aportes empresarios como un porcentaje sobre el salario de los trabajadores tiene como objetivo ser destinados a capacitación, varias entidades empresarias consideran que sirven para engrosar los ingresos de las cámaras que los cobran compulsivamente, incluso a los no asociados.
Por eso, en varias ocasiones el cobro compulsivo fue judicializado y, según Camima, con resultado de fallos favorables. “Siempre hemos defendido la libre asociación y jamás hemos impuesto a las pymes la obligación de abonar un canon ni ninguna contribución obligatoria, por lo que consideramos que este decreto representa un avance en la transparencia y en la libertad de decisión de las empresas del sector, además de terminar con la ilegalidad de un cobro que varios fallos judiciales habían dejado sin efecto”, afirmó Ammaturo.
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“Desde Camima celebramos esta decisión porque devuelve a cada empresa la autonomía sobre sus propios fondos y refuerza un sistema más justo y transparente para el sector. Hace más de 30 años que buscamos esta medida”, explicó.
Además, destacó que “la libre asociación es un principio fundamental, y con este decreto se garantiza que ninguna empresa deba destinar recursos a entidades con las que no comparte intereses o representación”. En el caso de Adimra, la cámara del sector metalúrgico que percibe esos aportes, la suma rondaría los $2500 millones mensuales.
La pelea por los aportes del sector mercantil
La Confederación Federal Pyme Argentina recordó que “desde el año 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por ‘capacitación’ por cada empleado, aunque no se capaciten nunca, lo que representa una recaudación mensual de más de $5600 millones y $70.000 millones al año, pero no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la CAME”.
Según dijo el presidente de la confederación, Mauro González, “ya hay denuncias ante el Gobierno para que se investigue qué se hizo con estos fondos, ya que, por ejemplo, CAME inauguró un showroom en Brasil”. “Queremos saber si se utilizaron los fondos que debían ir para capacitación”, reclamó.
También pidió “investigar la representación real de las cámaras que reciben esos fondos para ‘capacitar’, ya que hay sospechas de que existiría una ‘ingeniería de sellos de goma’ que dicen representar a comercios, emprendedores, jóvenes o mujeres empresarias de calles, avenidas o regiones y ni siquiera son empresarios o no tienen impacto real que justifiquen el desvío de fondos”.
González confirmó que “se expusieron casos concretos”, ante el Gobierno central, para que sean investigados. “La falta de transparencia y rendición de cuentas públicas del Inacap, es más que notable. No hay forma, como comerciante obligado a aportar mensualmente, de acceder públicamente a esta información. Tampoco como cámara empresaria socia saber qué montos y a qué entidades se le envían fondos, porque es discrecional”, agregó.
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También pidió que “se investigue el vínculo y fondos de CAME y la empresa Pymetic SA, CAME Pagos (una billetera virtual de CAME, que luego desapareció), que daban beneficios a la Confederación y sus socios, y Teipesa SA (representa el 50% de Pymetic SA)”.
“Las pruebas que presentaron las cámaras socias es más que contundente, por tanto, pedimos la intervención de CAME, en perjuicio de los aportes de todos los comerciantes del país”, agregó Mauro González.
CAME y la CAC defendieron el cobro de aportes
En un comunicado en el que no hizo referencia al pedido de renuncia de su presidente ni al reclamo de intervención de la entidad, CAME defendió el cobro de los aportes. Los recursos del Inacap “no sólo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para darle voz a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina”, planteó.
También aclaró que “los aportes se encuentran vigentes” y que “al no tratarse de un aporte personal, el trabajador no sufre ningún descuento en su salario con motivo de dicha contribución”. “La eliminación de su obligatoriedad en el caso de Comercio no implicará un incremento en el salario de bolsillo de los empleados, ya que el esquema es financiado exclusivamente mediante contribuciones patronales”, remarcó.
Pese a la aclaración de Came, ninguna de las cámaras que salieron a celebrar la decisión del Gobierno habían planteado que el destino de esos aportes fuera engrosar el salario de los empleados del sector.
La CAC también aclaró los fondos recaudados no se destinan al sostenimiento de entidades sindicales. “Por el contrario, los recursos del Inacap son administrados exclusivamente por el sector patronal. Esto es, son recursos que aportan los empresarios y que son gestionados por las cámaras empresarias que los representan. Asimismo, es errónea la cifra de recaudación señalada, toda vez que los fondos que ingresan al Instituto son significativamente inferiores”, dijo.
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También aseguró que desde su puesta en funcionamiento en 2008, permitió “la capacitación de más de 8 millones de personas” y que se trata de “un proceso de actualización y mejora continua” que hizo “incrementar las calificaciones de empresarios y trabajadores, favoreciendo no solo la competitividad de las empresas, sino también el desarrollo personal de los estudiantes”.
“Muchas de las acciones que llevan adelante estas instituciones muy difícilmente serían sostenibles con el financiamiento voluntario, toda vez que sus beneficios tienen carácter general y no excluyen a quienes no contribuyen con su sostenimiento. Esto comprende desde las gestiones y propuestas ante los distintos gobiernos, las negociaciones con las contrapartes sindicales, la defensa y promoción de la empresa privada y la libertad económica, entre tantas otras”, detalló.
