Los juicios contra la Argentina en el exterior suman reclamos por casi US$30.000 millones, de los cuales casi US$9000 millones corresponden a intereses, según estimaciones privadas. Las causas son variadas e incluyen, entre otros temas, la expropiación de YPF y Aerolíneas Argentinas, los reclamos de los fondos que nunca cobraron los bonos defaulteados en 2001 y la manipulación de estadísticas del INDEC, que negaron a los bonistas un pago de intereses.
En general, la postura de los gobiernos argentinos de este siglo ha sido dilatar todo lo posible las causas. Para ello, muchas veces se empieza por discutir el fuero y la competencia de los tribunales internacionales, ya que la mayoría de estos litigios se tramitan en Nueva York, aunque también hay uno en Reino Unido y arbitrajes internacionales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
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Una vez descartada esa posibilidad, la Argentina discute la causa en sí y, si pierde en primera instancia, trata de agotar todas las apelaciones disponibles. Los funcionarios saben que es difícil justificar ante la opinión pública el pago de un litigio en el exterior cuando el país atraviesa momentos de crisis económica. Muchos de los hombres y mujeres que han pasado por la gestión pública, incluso, temen ser objeto de un juicio si ordenan el pago.
Por el contrario, para Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro, la estrategia judicial depende de cada juicio y acordar con los beneficiarios de un fallo no necesariamente genera una obligación para otras causas. “En YPF, por ejemplo, lo primero que se debe intentar es reducir el monto de la sentencia en la Cámara, ya que negociar sobre la cifra actual sería un disparate. Una vez que se logre bajar ese monto, ahí se podría negociar en mejores condiciones. No tener frentes judiciales abiertos es importante para la Argentina, especialmente si quiere encarar en algún momento una reestructuración de deuda”, consideró.
Cómo se determina el costo legal de la estrategia judicial argentina
Mientras los juicios se extienden en el tiempo, los costos se acumulan. Esto incluye los intereses y los gastos de representación legal, cuando corresponde. Por ejemplo, los arbitrajes en CIADI se pueden defender con abogados de la Procuración del Tesoro; en cambio, en los tribunales estadounidenses es un requisito trabajar con un estudio de abogados radicado en ese país.
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“Los montos de las sentencias van sumando intereses. A eso se agregan los costos de la representación legal, que se negocian en cada oportunidad; generalmente comprenden un monto mensual y un honorario de éxito que suele tener como referencia el monto del reclamo; también se considera la duración del litigio”, explicó Saravia Frías a TN.
“Los costos de representación legal son un misterio. Son contratos privados a los que, como ciudadanos, deberíamos tener acceso mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque no he escuchado que nadie que lo haya solicitado. Y después, están los intereses”, afirmó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue los litigios internacionales.
Cuántos pagó la Argentina por los juicios en los que ya fue condenada
Hay tres causas que hoy están en condiciones de ejecutar sentencia mediante embargos. “En la mirada general hay tres juicios que hoy importan. El de la expropiación de YPF, por US$16.000 millones; el de los holdouts; y el del Cupón PBI en Londres. Entre los tres, llegan a un valor contingente de casi US$18.000 millones y están en fase de ejecución de sentencia”, listó Saravia Frías.
Según calculó Maril, entre YPF y el caso por el Cupón PBI, los intereses suman más de US$8700 millones. En el litigio por la expropiación de YPF, la Argentina tiene una condena en primera instancia desde septiembre de 2023 que está apelando. El país cuestiona tanto la cuestión de fondo como el cálculo que hizo la jueza Loretta Preska de la indemnización. Sin embargo, mientras ese recurso avanza, la magistrada autorizó a los beneficiarios del fallo a buscar activos argentinos para embargar.
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Si bien la condena original de esta causa es por US$16.100 millones, los intereses se siguen acumulando desde la publicación del fallo. “En el caso YPF, la tasa previa a la sentencia fue 8% y sumó cerca de US$7300 millones, casi la mitad del fallo. El valor posterior es de 5,41% y ya lleva sumado US$1200 millones”, indicó Maril.
La diferencia entre los intereses acumulados antes y después del fallo se da porque las leyes estadounidenses regulan las tasas que se deben aplicar una vez efectivizada la sentencia, que es la misma que corre para cualquier causa con cualquier condenado (más allá de que sea un estado soberano, como en este caso).
Por eso, y aunque se siguen sumando intereses, el costo de proseguir con la apelación para la Argentina bajó sensiblemente una vez publicada la decisión de Preska. En esa línea, una fuente que conoce de estos temas, pero pidió reserva, dijo a TN: “El costo de esperar es la tasa de interés por la que se actualiza el monto. Con el riesgo país en torno a los 700 puntos y otros 400 puntos de tasa libre de riesgo, si el país quisiera emitir deuda en el mercado internacional para abonar este litigio, pagaría el doble de la tasa que rige desde la sentencia”.
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En el caso del juicio por el Cupón PBI en Londres, donde la Argentina ya perdió y no tiene más instancias de apelación, la tasa hoy es de 4,5%. La sentencia por manipular las estadísticas de crecimiento ronda los 1500 millones de euros, pero los acreedores ya cobraron unos 300 millones de euros porque ejecutaron una garantía que el país había depositado para continuar con la apelación, aunque finalmente no prosperó. “Antes del fallo, se incurrió en intereses por 233 millones de euros”, indicó Maril.
Finalmente, en la causa de los holdouts, se trata de un condena por US$477 millones a favor de fondos buitres que litigaron contra la Argentina. Esos acreedores ya empezaron a cobrar mediante el embargo de bonos por US$210 millones. Con lo cual, el monto remanente es menor.
