El Gobierno busca avanzar en su plan para privatizar y desmantelar la estatal Corredores Viales. En ese marco, la primera licitación que habilitó es la que comprende a la llamada “ruta del Mercosur”, que incluye las nacionales 12 y 14, estratégica para el intercambio comercial con Brasil y Uruguay. Ese paso renovó la disputa con el actual concesionario.
El grupo Caminos del Río Uruguay (Crusa) salió a denunciar “incumplimientos sistemáticos” por parte del Estado nacional y reclamó una renegociación urgente para evitar la quiebra de la empresa de capitales nacionales.
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El decreto 28/25 establece que se licitará en no más de 12 meses el corredor vial nacional 18, que incluye las rutas 12 y 14, abarca más de 600 kilómetros de rutas, incluidos pasos fronterizos con Uruguay y Brasil. Este corredor es crucial no solo para la región del Litoral argentino, sino también para la conexión con los países del Mercosur, vital para el comercio internacional.
“La norma no prevé la regularización de la actual concesión que habrá de finalizar el próximo 8 de abril. Es imprescindible e impostergable fijar las condiciones mínimas que permitan el cierre ordenado de nuestro contrato, luego más de 30 años a cargo de estas rutas", enfatizó la empresa.
Como informó TN, la actual concesión termina en abril y la firma buscaba una extensión, aun cuando inició en 2022 un juicio contra el Estado por US$300 millones. En un comunicado, Crusa aseguró “que desde 2009 no se respeta el contrato” y que esa situación “sentenció a muerte a la concesión, al servicio y a la firma”.
“Ese incumplimiento en sucesivas administraciones y por largos períodos, especialmente las insuficientes tarifas sin relación ni proporción objetiva con los costos, tornó inviable la concesión. Es imposible garantizar el servicio adecuado e incluso la regular remuneración del personal y sus cargas sociales", indicó.
Según Crusa, esa falta de ingresos la llevó al "ahogo financiero", que derivó en un concurso preventivo de crisis, homologado en agosto de 2024: “Para cumplirlo, es indispensable regularizar mínimamente los ingresos. De lo contrario, la empresa irá a la quiebra", advirtieron.
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El concesionario vial, además, aseguró que “las actuales autoridades se han desentendido de forma permanente", lo que -según indicaron- “pone en riesgo la seguridad de los usuarios, pese a las reiteradas advertencias que la empresa realizó a gobiernos nacionales, provinciales y municipales. El golpe terminal fue no aplicar los ajustes tarifarios de establecidos en el contrato y la negativa de esta administración a realizar la renegociación integral obligatoria", comprometida en 2006, durante la gestión de Mauricio Macri.
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Como adelantó TN, el lanzamiento del proceso de licitación del corredor 18, el Gobierno busca dar el puntapié inicial para privatizar más de 8400 kilómetros de rutas nacionales que gestiona la estatal Corredores Viales.
El corredor 18 cuenta con más de 670 kilómetros, que incluye las rutas 12, 14, los accesos a los pasos fronterizos con Uruguay y Brasil, y el tramo Rosario-Victoria sobre la ruta 74. Está en manos de Caminos del Río Uruguay (Crusa) desde 1990.
El contrato de Crusa venció en octubre de 2023 y tras dos prórrogas consecutivas, finaliza de manera definitiva el 9 de abril de 2025.
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La intención del Gobierno es lanzar una licitación para entregar los tramos viales por 15 años, con inversión inicial acotada, en la que ganará quien ofrezca una menor tarifa (desde un tope que pondrá el Estado), o en caso de empate de ofertas, será adjudicatario aquel que pida menos años de extensión de contrato.
Para una segunda etapa, Vialidad buscará concesionar 8470 kilómetros de rutas que hoy están gestionadas por Corredores Viales. Se sumarán otras rutas que hasta ahora no estaban en manos privadas, como la ruta nacional 33 en Santa Fe; la ruta nacional 18 en Entre Ríos, y la variante de la ruta nacional 19 en Córdoba
