La Argentina se presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar frenar embargos por unos US$310 millones tras una condena en un caso con sentencia en contra por el default de la deuda en 2001. Se trata de la primera presentación del país ante el máximo tribunal norteamericano en seis años.
El objetivo de los abogados del Estado local es que la Corte de EE.UU. impida que los beneficiarios del fallo a ir por activos argentinos. Como la Argentina no pagó la sentencia en su contra, la Justicia norteamericana avaló en dos instancias la posibilidad de que ir por los embargos. Primero fue la jueza Loretta Preska y luego un tribunal de Apelaciones.
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La presentación ante la última instancia judicial de EE.UU. se da por la intención de realizar embargos por parte de un grupo de holdouts que nunca cobraron por los títulos argentinos que tenían en sus carteras de inversión al momento de la crisis de principios de siglo. Hicieron juicio y obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, en la que la jueza Preska -que lleva varios reclamos contra la Argentina- obligó al país a pagar en total US$477 millones.
Esa condena fue ratificada en agosto por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ambas instancias autorizaron a los holdouts a proceder con los embargos. En principio, los bienes a confiscar eran confidenciales, pero finalmente se supo que se trataba de los bonos Brady, por lo que podrían hacerse de US$310 millones.
Sin embargo, el problema es que los bonos Brady vencieron el 31 de marzo de 2023. Hasta esa fecha, estuvieron depositados en la sucursal Nueva York de la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego del vencimiento, se supone que la Argentina los trasladó al Banco Central (BCRA).
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Los beneficiarios del fallo intentarán repatriar esos títulos si es que logran confirmar que están en la Argentina, para cobrarse una parte de la sentencia.
La defensa argentina, en tanto, apunta a que la Corte desestime el reclamo. Tras la formalización del primer escrito, tanto el país como los beneficiarios de los fallos deben presentar sus argumentaciones en una audiencia que no se hará antes del 20 de enero.
“Argentina es como una persona que comete un delito en plena vía pública con decenas de testigos y después dice ‘yo no fui’. Malgasta dinero que no tiene en abogados para defender algo indefendible que termina costándole tres veces más”, planteó Sebastián Maril, analista de Latam Advirsors, que sigue al detalle los pormenores de los juicios contra la Argentina en el exterior.
Qué fueron los bonos del “Plan Brady”
A fines de la década de 1980, los países de América Latina vivieron una crisis de deuda por los préstamos que tenían con bancos comerciales estadounidenses. Por ese entonces, los gobiernos usaban esa vía como su principal forma de financiación en lugar del mercado de deuda soberana.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, diseñó un plan para que los países de la región canjearan sus préstamos bancarios por bonos respaldados por el Tesoro estadounidense. “En lo que entonces supuso una estrategia novedosa, los bancos acordaron un muy necesitado alivio de la deuda —la reducción promedio fue del 35%— a cambio de instrumentos negociables sin riesgo”, explica el blog del FMI.
La Argentina ingresó al “Plan Brady” en 1993 y reestructuró su deuda mediante la emisión de bonos que tenían como colateral a los títulos del Tesoro que ahora están sujetos a embargos. Para ingresar al plan, además, los países hicieron una serie de concesiones y se comprometieron a aplicar determinadas políticas de orden fiscal y ajuste con el objetivo de transmitir confianza a los inversores.
