El Gobierno anunció este jueves la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga. Ahora, las compañías tienen 20 días para presentar su respuesta, por lo que por estas horas definen cuál será la mejor estrategia para rechazar la acusación del Ejecutivo.
El portavoz presidencial Manuel Adorni informó en su conferencia de prensa de ayer que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) formalizó la imputación a las prepagas por los aumentos de precios de los planes de salud detectados entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Indicó, además, que las empresas tendrán “20 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada”.
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La imputación avanzó, según precisaron en el Ejecutivo, por “haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo” para fijar los valores de las cuotas en los meses investigados. Adorni también contó que, en caso de que se confirme la presunta cartelización, el Gobierno podrá multar a las empresas con “el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio que obtuvieron por el ilícito cometido”.
Las empresas de medicina prepaga que fueron imputadas son la CNDC son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical., Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, en carácter de actual presidente de Swiss Medical y entonces presidente de la UAS.
El vínculo entre las empresas y el Gobierno no empezó de la mejor manera al inicio de la gestión. “Arrancamos en una situación de relación nula. El mensaje de ellos fue que los precios estaban desregulados y eso decantó en una denuncia de cartelización y aumentos abusivos, cuando hubo un acomodamiento de un sector que estaba atrasado”, argumentaron referentes del sector a este medio.
En abril, la Secretaría de Industria y Comercio, en conjunto con la CNDC, intervino con una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre de 2023.
También instó a las empresas de medicina prepaga a “cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”.
Las prepagas definen su estrategia para responderle al Gobierno
En ese sentido, las empresas destacaron las medidas impulsadas por el Ejecutivo, como la de eliminar los intermediarios entre los afiliados y las prepagas. “Nadie discute que el sector de la salud no funciona como debería, pero eso es producto de muchos años de precios regulados donde se miraba cuánto era el aumento de la prepaga pero no se discutía cuánto era el aumento de los servicios que hacían a la prepaga, como los medicamentos”, expresaron.
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Ahora, definirán cómo responder dentro de los plazos establecidos. “Las empresas ya aportaron pruebas de cómo se llega a los aumentos de las cuotas y van a seguir ejerciendo la posibilidad de defenderse”, explicaron fuentes del sector a TN. “Las empresas van a seguir defendiéndose. Hubo un acomodamiento de un sector que estaba atrasado. Ahora hay que ver qué es lo que dice Defensa de la Competencia”, agregaron.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la CNDC fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más. Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.
Asimismo, la cartera que conduce Pablo Lavigne precisó que “el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.
