El Gobierno prevé lanzar en diciembre una licitación pública nacional e internacional para concesionar dos tramos del corredor 18, que incluye las llamadas rutas del Mercosur, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. La idea es que la adjudicación y entrega a privados se haga en abril de 2025. También el Ejecutivo busca que sea el punto de partida para luego avanzar con la privatización de más de 8400 kilómetros de rutas nacionales hoy en manos de la estatal Corredores Viales.
La decisión quedó ratificada en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó este miércoles en el Senado. La pregunta 1073 de los legisladores buscó abundar en las obras frenadas y la falta de mantenimiento, principalmente en Corrientes, en esas rutas que atraviesan el Litoral y los planes oficiales hacia 2025.
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El corredor 18 cuenta con más de 670 kilómetros, que incluye las rutas 12, 14, los accesos a los pasos fronterizos con Uruguay y Brasil, y el tramo Rosario-Victoria sobre la ruta 74. Está en manos de Caminos del Río Uruguay (Crusa) desde 1990. El contrato venció en octubre de 2023 y tras dos prórrogas consecutivas, finaliza de manera definitiva el 9 de abril de 2025.
En la respuesta de Jefatura de Gabinete ante los senadores, se remarcó que como surge de la Ley Bases, que modificó la Ley 17.520 de contratos de concesión y el decreto 713 que la reglamentó, Vialidad Nacional “ha propuesto que se inicie el proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional de los tramos de rutas de la Red Federal de Caminos”.
En una primera etapa, cuya convocatoria se lanzará en diciembre y se prevé entregar al nuevo concesionario en abril de 2025, se licitarán dos tramos del corredor 18: las rutas nacionales 12 y 14; la 117; la 135; la A015 y el puente Rosario-Victoria, que une Santa Fe con Entre Ríos.
“En estos momentos se están elaborando los pliegos con las obligaciones que deberán tener las empresas concesionarias en lo referentes a obras y mantenimiento de las rutas”, indicó el informe de Jefatura.
Según pudo saber TN, la intención del Gobierno es lanzar una licitación para entregar los tramos viales por 15 años, con inversión inicial acotada, en la que ganará quien ofrezca una menor tarifa (desde un tope que pondrá el Estado), o en caso de empate de ofertas, será adjudicatario aquel que pida menos años de extensión de contrato.
Para una segunda etapa, Vialidad buscará concesionar 8470 kilómetros de rutas que hoy están gestionadas por Corredores Viales. Se sumarán otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la ruta nacional 33 en Santa Fe; la ruta nacional 18 en Entre Ríos, y la variante de la ruta nacional19 en Córdoba. “Esta etapa estará dividida en once tramos, entre los que se encuentra el tramo noroeste, que incluye la ruta 12 desde Cuatro Bocas y va hasta Puerto Iguazú en el límite con Brasil”, indicó Jefatura de Gabinete.
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La ruta del Mercosur y el juicio contra el Estado por US$300 millones
La elección de la llamada ruta del Mercosur, porque el intenso tránsito de mercaderías que la atraviesa entre la Argentina, Uruguay y Brasil, como la primera a privatizar puso en alerta al actual concesionario, que está a cargo de esos más de 670 kilómetros de rutas desde 1990 y que en 2022 inició ante la Justicia en lo contencioso administrativo una demanda por US$300 millones ante los “reiterados incumplimientos de contrato” por parte del Estado.
La empresa, Corredores del Río Uruguay (Crusa), que desde hace diez años tiene también a cargo el tramo Rosario-Victoria (ruta 74), le reclama al gobierno de Javier Milei renegociar el contrato en lugar de llamar a una nueva licitación, de la que no pueden participar. Incluso asegura estar dispuesta a dar de baja la demanda judicial si la renegociación es razonable.
Fuentes de la compañía aseguraron a TN que la renegociación figura en los pliegos que se firmaron al momento de la toma de posesión. Que ese paso estaba previsto en 2009, no se cumplió, se encaró en 2017 pero quedó sin definición y hasta ese momento se manejó con prórrogas, algunas con intervención judicial. Además, plantearon la conveniencia de un proceso de renegociación con un operador con años en el negocio. No obstante, indicaron que los contactos con funcionarios tanto de Vialidad como del Ministerio de Economía no fueron positivos, al menos hasta el momento.
Desde la firma advirtieron que con la caída del contrato están en riesgo los puestos laborales de los 500 trabajadores que emplea de manera regular y que en la temporada de verano pueden llegar a los 530 por mayor utilización de esos caminos, vacaciones y licencias.
En 2023, Crusa entró en concurso preventivo de crisis y, afirmaron las fuentes consultadas, está cumpliendo con el plan de pagos a proveedores. “Eso aun cuando las tarifas fueron actualizadas con subas de 100% este año, por debajo de la inflación, contra el 200% que recibió la estatal Corredores Viales.
Según la firma, “en estos años de concesión, hubo innumerables incumplimientos por parte del Estado. Desde el tema de plazos de renegociación, que nunca se cumplieron, hasta el tema tarifario o las multas”, dijeron los voceros de Crusa.
Comentaron que por contrato, cuando por costos, la actualización tarifaria requerida superaba el 5%, debían pedir autorización a Vialidad Nacional. “Hubo 60 pedidos, jamás fueron contestados. Las tarifas se fijaron de manera discrecional, tardía y por debajo de los costos”, sostuvieron y completaron que “la actual tarifa no alcanza para hacer obras, apenas para pagar los salarios del personal. Cuando hubo dinero, la empresa invirtió en las rutas, así se hizo la autovía de la 14, se invirtieron US$800 millones”, aseguraron.
