Este jueves se cumplen 45 días desde que la Corte de Apelaciones londinense falló en contra de la Argentina en la causa por la manipulación de las estadísticas del INDEC, que derivó en que el país no pagara los intereses del bono conocido como Cupón PBI.
Una vez cumplido ese plazo, la Argentina debería pagar la sentencia por US$1300 millones de euros (unos US$1368 millones). El monto es más de lo que reclamaban originalmente los demandantes porque la justicia inglesa extendió el pedido original a todo el universo de tenedores del cupón PBI en la moneda europea.
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Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso, explicó a TN que el fallo se publicó el 7 de octubre. Por eso, los abogados de los beneficiarios indican que la fecha límite es este jueves. En cambio, la Argentina informó en un reporte ante la Comisión de Valores de los EE.UU. que la sentencia fue el 14 de octubre, lo que correría hasta el 28 de noviembre la fecha tope para el pago. De cualquier manera, el vencimiento ocurrirá en los próximos días.
Si el Gobierno argentino no paga, los beneficiarios podrán cobrar los más de 300 millones de euros que la Argentina había depositado en febrero para tener la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones inglesa, que finalmente desestimó el pedido argentino. A la vez, empezarán un proceso para tratar de identificar activos a embargar con el objetivo de cobrar el total de la sentencia.
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Al momento de conocer el fallo, la Procuración del Tesoro que conduce Rodolfo Barra expresó: “La República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido. Cabe destacar que esta causa tiene su origen en 2013, cuando el gobierno de Cristina Kirchner, alegan los fondos, modificó la forma de calcular su PBI para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de bonos emitidos por la Argentina en ocasión de los canjes de deuda de 2005 y 2010″.
Con la fecha de pago encima, en la Procuración prefieren no hablar del tema. Dicen que las apreciaciones oficiales vendrán desde la secretaría de Finanzas que dirige Pablo Quirno. Si bien los voceros del Ministerio de Economía no hicieron comentarios ante la consulta de TN, el cambio en la comunicación se puede interpretar como un síntoma de que la Argentina se acerca a algún tipo de solución definitiva para este caso.
¿Significa eso abonar toda la sentencia con reservas del Banco Central? No necesariamente. Existe la posibilidad de cerrar un acuerdo extrajudicial con los acreedores y conseguir alguna quita, aunque esa estrategia hubiera sido mucho más beneficiosa antes de la sentencia. También está la chance de hacer el pago mediante la emisión de algún bono soberano, como se hizo para cancelar la deuda con Repsol tras la expropiación de las acciones que la compañía española tenía en YPF.
Un conflicto con dos frentes abiertos
El conflicto judicial en torno al pago de los cupones PBI se originó cuando, en 2013, la Argentina decidió cambiar la fórmula que usa el INDEC para calcular el crecimiento de la economía. Esos bonos pagaban, precisamente, si el PBI aumentaba más de cierto nivel. El reclamo es que el país dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago.
Esta decisión generó reclamos en los tribunales internacionales. En Londres, por la versión del cupón PBI en euros; y en Nueva York, por la serie en dólares. El litigio europeo avanzó más rápido y ya en 2023 el juez de primera instancia condenó a la Argentina a pagar 1300 millones de euros por los intereses correspondientes al cupón PBI durante 2013.
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Además, obligó al país a continuar publicando la serie vieja, desde 1993, y a abonar a todos los beneficiarios de los bonos si con esa serie correspondía hacerlo durante los años siguientes. En cambio, no permitió a los acreedores avanzar con embargos hasta que hubiera un fallo de la Corte de Apelaciones. Ahora que la apelación argentina fue rechazada, los beneficiarios de la sentencia pueden empezar su plan para confiscar bienes públicos.
