El Banco Mundial (BM) otorgó US$1000 millones al gobierno argentino para sostener la tarifa social en electricidad y transporte. El directorio de la organización multinacional anunció este miércoles que aprobó dos nuevos proyectos para la Argentina: uno destinado a subsidiar las tarifas de luz para usuarios residenciales de bajos recursos y el otro para “hacer accesible” el boleto de colectivo “para 5 millones de usuarios vulnerables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
“Estos proyectos ayudarán a avanzar reformas que mejoren la eficiencia y la prestación de servicios públicos como el transporte y la electricidad, mientras se protege a la población más vulnerable a través de tarifas sociales”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.
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El proyecto “Apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público” de US$500 millones brindará financiamiento al programa de tarifa social, que ofrece un descuento del 55% en el precio del boleto en 61 localidades del país donde está disponible la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Los beneficiarios de esta tarifa son principalmente jubilados, pensionados y titulares de AUH. También alcanzará al sistema nacional de boleto integrado, que brinda un descuento del 50% en el primer transbordo y un descuento del 75% en los transbordos posteriores.
Además, el proyecto trabajará en optimizar las rutas de colectivos para que coincidan con los patrones de movilidad actuales y en evolución, lo que mejorará la eficiencia y reducirá la superposición de los servicios. Asimismo, tiene un enfoque de prevención y respuesta al acoso sexual en el transporte público, a través de actividades de capacitación para inspectores y conductores.
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También se apoyará el desarrollo de una estrategia para la transición a vehículos de bajas emisiones en la flota de colectivos del AMBA y la elaboración de planes de contingencia durante fenómenos meteorológicos extremos.
Por su parte, el proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable” de US$500 millones apunta a proteger a los usuarios de bajos ingresos a través de subvención a los precios de la energía a través de la mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y de la creación de nuevos mecanismos para recolectar la información disponible en otros registros.
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Con el nuevo proyecto, se informó oficialmente, se espera que el esquema de subsidios sea más eficiente y que con la introducción de incentivos para la eficiencia energética, se reduzca el consumo eléctrico. Actualmente, se calcula que de al menos un millón de usuarios inscriptos en el RASE no se cuenta con información socioeconómica que pueda ser verificada.
Ambos proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de 7 años.
