Mediante el Decreto 964/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la intervención de la Casa de la Moneda. Esta medida, que se extenderá por 180 días corridos a partir del 1° de noviembre, tiene como objetivo “reorganizar y optimizar” las actividades de esta entidad clave para el país.
El interventor designado, Pedro Daniel Cavagnaro, asumirá sus funciones en la fecha mencionada.
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La Casa de la Moneda, creada bajo la Ley N° 21.622, se encarga de producir dinero circulante, documentos de seguridad como pasaportes y estampillas oficiales. En el actual contexto, se espera que la intervención facilite la renegociación de contratos vigentes, entre ellos los servicios de impresión de chapas-patentes y estampillas.
El Decreto N° 70/2023 declaró la emergencia pública, económica y administrativa hasta fines de 2025, motivando la reorganización de empresas públicas para mejorar su eficiencia. En esta línea, el Gobierno considera clave la intervención de la Casa de la Moneda para encaminarla hacia su transformación legal y organizativa.
Entre las funciones otorgadas al interventor, se destacan:
- Auditorías de gestión, análisis de contratos y negociaciones de deuda
- Modificación de reglamentos internos y actualización de su estructura orgánica
- Posible cambio de nombre de la entidad, previa aprobación del Poder Ejecutivo Nacional
Además, el interventor tendrá la potestad de ajustar el presupuesto de la entidad y modificar el régimen de contrataciones para garantizar una administración eficaz.
Una transformación que otorga amplias facultades
El Ministerio de Economía está facultado para realizar ajustes presupuestarios que sean necesarios a raíz de esta intervención. Esta entidad, además, coordinará con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para implementar una estrategia de disposición de activos de la Casa de la Moneda, como sus bienes materiales e inmateriales y su personal.
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Esta intervención marca un paso en el plan de reforma del sector público del gobierno, y se espera que los resultados de esta medida permitan una mayor eficiencia operativa, optimización de recursos y la adecuación de la Casa de la Moneda a las exigencias actuales del mercado y las necesidades del Estado.