La Argentina evitó la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se mantuvo en la “lista blanca” de ese organismo internacional que controla las maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el plenario realizado en París, se evaluaron las políticas realizadas durante la gestión de Alberto Fernández y había temor por un eventual regreso del país a la “lista gris”.
Finalmente, la Argentina eludió reingresar a esa nómina luego de 10 años y, así, esquivó una serie de consecuencias negativas sobre la economía y los mercados. Entre otras cosas, estar en la “lista gris” hubiera perjudicado el acceso al crédito por parte de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
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Una noticia de ese tipo hubiera sido muy negativa en momentos en que el ministro de Economía, Luis Caputo, inició negociaciones con el FMI para avanzar en un nuevo acuerdo que aporte fondos para reforzar las reservas del Banco Central. Además, este miércoles el jefe de Hacienda anunció que el Banco Mundial, el BID y CIF otorgarán financiamiento para la Argentina por un total de US$8800 millones.
Las principales consecuencias económicas de la “lista gris” que la Argentina evitó
Al esquivar el reingreso a la “lista gris” del GAFI, la Argentina también sorteó una serie de dificultades económicas que se hubieran generado por no cumplir con los estándares internacionales sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Los países que están dentro de ese grupo pueden enfrentar las siguientes consecuencias:
- Dificultades para acceder a préstamos de instituciones internacionales, como el BID o el FMI.
- Limitaciones comerciales como restricciones a la importación y exportación por parte de otras naciones.
- Alejamiento de los inversores extranjeros, en momentos en que el Gobierno busca el ingreso de capitales mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que apunta a atraer inversiones superiores a los US$200 millones en ocho sectores estratégicos del país.
- Los bancos y otras instituciones financieras pueden cobrarles tasas más altas por sus servicios debido al mayor riesgo percibido.
El recorrido de la Argentina en la lista gris del GAFI: cuándo ingresó y de qué se trata
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que vigila el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero, informó que la Argentina permanecerá en la denominada “lista blanca”.
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Así, el país logró no ingresar a la “lista gris”, de la que salió hace 10 años. Esa nómina lista identifica a las naciones que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En 2009, la Argentina había sido incluida en la “lista gris”, tras una inspección del organismo en la que se detectaron varias irregularidades. En 2014, el país, entonces gobernado por Cristina Kirchner, dejó de estar bajo monitoreo intensivo ante los avances en materia de legislación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI evalúa el sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo con 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos.
La Argentina tomó varias medidas para evitar volver a la lista de control más estricto. Al respecto, un comunicado de la Comisión Nacional de Valores, detalló:
- La reforma a la Ley 25.246 y cambios introducidos al Código Penal, que fortalecieron el régimen preventivo y la represión de estos delitos.
- La regulación e incorporación como sujetos obligados a informar ante la UIF para abogados y proveedores de servicios de activos virtuales.
- Las actualizaciones normativas para contadores, agentes y corredores inmobiliarios matriculados y para la compraventa de obras de arte, antigüedades y joyas.
- La modificación en los plazos de presentación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), la redefinición a operaciones inusuales y la incorporación del ROS de proliferación de armas de destrucción masiva.
- La creación de un Registro Único de Beneficiarios Finales, bajo la órbita de la ex AFIP, y del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV)
