Tras la salida del Eduardo Rodríguez Chirillo del área energética, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, firmó su primera resolución desde que fue designado a principios de julio. El funcionario estableció un plazo de seis meses para la “transición” en las represas hidroeléctricas del complejo Diamante, en Mendoza, cuyo contrato de concesión expiró este sábado 19.
Mediante la resolución 1 de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, publicada en el Boletín Oficial, se remarcó el fin de la concesión por 30 años de las represas mendocinas de Hidroeléctrica Diamante (HIDISA). En los considerandos de la medida, se remarcó que Ante el vencimiento de los plazos del contrato, “resulta imperioso y de carácter urgente”, que la firma mantenga la operatoria hasta el 1 de junio de 2025. A la vez, se designó como veedor en el proceso de transición a la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
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También se invitó a la provincia de Mendoza a designar un representante para que, junto al otro nombrado por Economía colaboren con el veedor durante el período de transición establecido.
En los considerandos de la resolución, se remarca que la medida se adopta sobre la base de que entre las funciones de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería está “la de entender, en el ámbito de su competencia, en la normalización y, eventualmente, en la renegociación de todos los contratos de concesión vigentes en materia de energía y minería, que hayan sido prorrogados, así como los que estén próximos a vencer”,
Hasta ahora, las prórrogas de las concesión hidroeéctricas habían sido firmadas por Chirillo, que fue desplazado el viernes de su cargo y en su reemplazo asumirá María del Carmen Tettamanti.
El complejo Diamante está conformado por tres represas y tres plantas generadoras de energía hidroeléctrica (Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre), donde se generan un promedio anual de 526 Gwh. Pampa Energía tiene el 61% del capital accionario.
Fueron concesionadas en 1994 por 3 décadas, y el contrato especificaba que podía extenderse hasta un año más el plazo a fin de “preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el río, declarada la resolución del contrato por cualquier causa, con la salvedad del supuesto de existencia de culpa de la concesionaria, ésta deberá continuar a cargo del sistema hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones”, algo que la resolución 1 de la Secretaría de Coordinación de Energía fijó hasta el 1 de junio de 2025.
Cuatro represas de la Patagonia en camino de privatización
Aunque no se aclaró el destino de las represas de Mendoza más allá de junio próximo, se espera que sigan el mismo camino que las del Comahue, cuyos contratos vencieron en 2023 y fueron prorrogados hasta que esté lista la nueva licitación.
En ese sentido, como informó TN, una agencia que depende de Economía se encargará de la privatización de esas hidroeléctricas. Se trata de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro.
Mediante el decreto 895, del 10 de octubre, el Ejecutivo estableció que será la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada en julio para encarar las privatizaciones, la que gestione la venta del paquete accionario de cada una de las sociedades. Eso porque se dispuso que los propietarios de esas acciones (las estatales Enarsa y Nucleoeléctrica) las transfieran a Energía para su puesta en venta.
A mediados de agosto, el Ejecutivo dispuso la prórroga por un plazo máximo de un año en las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas, que continúan en manos de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente.
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“Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades”, señala el decreto 895.