El consorcio de bonistas que negoció con la Argentina en varias oportunidades le reclamó al Gobierno que pague la sentencia adversa que obtuvo en los tribunales londinenses, que la obligan a desembolsar US$1500 millones por la manipulación de datos del Indec durante el kirchnerismo, conocida como la causa del “Cupón PBI”.
“Nuestro grupo ha sido el acreedor más cooperativo de la Argentina. En 2005 aceptamos una quita para los nuevos bonos y warrants (cupones PBI). En 2014, Kicillof nos estafó con los warrants. En 2020, cooperamos en una nueva reestructuración de bonos. Hacemos un llamado a respetar la sentencia del tribunal del Reino Unido”, dijo el grupo nucleado bajo el nombre Argentina Exchange Bondholders.
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En la misma línea, la agencia Bloomberg publicó declaraciones del abogado Aidan O’Rourke, socio de Quinn Emanuel, el estudio que representa a los fondos que litigaron contra la Argentina en Londres. “Durante el curso de este caso, la Argentina ha dicho en repetidas ocasiones al tribunal que si se toma una decisión final a favor de los titulares de los warrants, será necesario encontrar el dinero para pagar a sus acreedores. Ese momento ha llegado”, dijo.
La decisión de la Corte Suprema del Reino Unido se conoció este martes y desestimó el pedido argentino para seguir apelando la condena que ya tiene por el cambio en la forma de medir el crecimiento del PBI, que luego de cierto nivel disparaba el pago de intereses de los cupones.
Como contó TN, la novedad dejó al país sin instancias legales para intentar revertir el fallo de abril de 2023 que la obligaba a pagar 1300 millones de euros más intereses. Así, habilita a los demandantes a ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que ahora quedó cerrado.
La reacción del Gobierno al fallo adverso en Londres
Sin posibilidades de seguir apelando y con reservas netas negativas, el Gobierno tendrá que definir si paga (y cómo) la sentencia. Una posibilidad será buscar un acuerdo privado con los acreedores para, por ejemplo, ofrecer cancelar la deuda con algún bono y tratar de negociar una quita.
De lo contrario, el país se arriesga a una declaración de default, lo que sería una señal muy negativa para los inversores, justo cuando el Gobierno logró una fuerte reducción del riesgo país y empieza a allanar el camino para emitir deuda en el mercado internacional.
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Luego de conocer la decisión de la Corte británica, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recordó que la causa se arrastra desde el gobierno de Cristina Kirchner y afirmó: “Las soluciones ‘creativas’ del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país”.
“Estamos analizando minuciosamente, con nuestros asesores legales, las consecuencias de esta determinación y los pasos a seguir. Es nuestro mayor compromiso trabajar día a día para volver a ser un país serio para el mundo”, escribió en su cuenta de X.
En esa sintonía, Javier Milei también dejó entrever que tiene voluntad de terminar con el reclamo. “La manipulación de los datos del INDEC que hizo el kirchnerismo nos habría costado 1330 millones de euros. Pasó una década y los argentinos seguimos pagando el desastre que hicieron los inútiles e ignorantes que nos gobernaron”, publicó el presidente en la misma red social.
“Si sumamos el caso Repsol, la causa del juez Griesa, los intereses punitorios al Club de París, y la expropiación ilegal de YPF, el daño que Cristina Kirchner y Axel Kicillof le han hecho al bolsillo de los argentinos es de 41.000 millones de dólares. Cuesta, pero vamos a salir del pozo en el que nos hundieron los políticos y vamos a hacer a Argentina grande otra vez”, aseguró.
La causa del “Cupón PBI”
Los cupones PBI o warrants fueron creados en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Estos instrumentos determinaban pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba el 3% (había un caso base específico para cada año). Es decir, la Argentina pagaría más si su economía crecía.
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Sin embargo, en 2014 el gobierno de Cristina Kirchner decidió cambiar la forma de cálculo del crecimiento. Tras esa modificación, se informó que en 2013 la economía había crecido 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago de intereses. Esa situación generó reclamos judiciales en Europa y Estados Unidos.
En Reino Unido, la Argentina perdió el año pasado un juicio que habían iniciado cuatro años antes los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Ellos reclamaban un total de US$636 millones, pero el fallo de abril de 2023 amplió su alcance al universo total de acreedores (incluso los que no habían comenzado una acción legal). Por eso, el número ascendió hasta superar los 1300 millones de euros (unos US$1500 millones).
