El Gobierno insistirá ante la Justicia para que los intendentes no incluyan tasas municipales en las boletas de luz y gas. Según pudo saber TN de fuentes oficiales, el Ejecutivo apelará en los próximos días la medida cautelar que favoreció a la localidad de Pilar.
El Ejecutivo tiene un plazo de cinco días para interponer un recurso. Esta medida responderá a la cautelar con la que el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charbay, ordenó la suspensión temporal de la resolución del Palacio de Hacienda en el municipio a cargo del intendente Federico Achával.
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La decisión de González Charbay se tomó tras una medida cautelar presentada por Achával, quien argumentó que la decisión de Economía vulnera los derechos constitucionales del municipio.
Dicha resolución, firmada por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Agustín Lavigne, establece que las boletas de servicios no pueden incluir conceptos ajenos al bien o servicio suministrado.
El jefe comunal de Pilar señaló que la resolución 267/2024 “causa un daño irreparable a los derechos constitucionales del municipio”. En su presentación, destacó que Pilar tiene derecho a cobrar tasas como la de alumbrado público, que actualmente se incorpora en las facturas de Edenor, y la de Vigilancia e Inspección para el servicio de gas, incluida en las boletas de Naturgy BAN.
En ese sentido, Achával defendió que estas tasas están amparadas por la Ley provincial 10740, que permite a los municipios recaudar fondos para servicios públicos esenciales. Según explicó, estos ingresos son fundamentales para el mantenimiento del alumbrado público y el funcionamiento de edificios municipales.
En su fallo, el juez González Charbay reconoció la verosimilitud del reclamo del municipio y el riesgo de demora en resolver el caso, motivo por el cual otorgó la cautelar. Además, afirmó que la autonomía municipal está respaldada por la Constitución Nacional y la provincia de Buenos Aires, que faculta a los municipios a dictar ordenanzas y establecer su presupuesto.
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El juez advirtió que prohibir el cobro de estas tasas afectaría gravemente los servicios municipales, como el alumbrado público y las inspecciones de redes de gas, y subrayó la urgencia de tomar una decisión al respecto.
