El tribunal del Distrito Sur de Nueva York le ordenó al gobierno de La Rioja, liderado por Ricardo Quintela, el pago de una deuda por US$39,9 millones. La decisión del juzgado del país norteamericano está ligado a un pedido de juicio sumario en relación con el default de sus “bonos verdes” por US$318 millones para la construcción de un parque eólico.
A fines de agosto, el gobierno de Quintela le informó a la Bolsa de Comercio que no pagaría las obligaciones de deuda de sus títulos con vencimiento en 2028. Esa medida agravó el conflicto con los bonistas.
Lo había hecho a través de una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 23 de agosto, con referencia al vencimiento que operaba al día siguiente. El gobierno riojano dijo que no lo pagaría por estar en negociaciones con los acreedores.
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La Rioja además incumplió un pago en febrero de 2024. De los US$26 millones que vencieron ese día, abonó US$10 millones en concepto de intereses, y dejó impagos los US$16 millones restantes.
El juicio empezó en Nueva York en abril. Los acreedores ya habían demandado a la provincia en Estados Unidos en 2021, pero retiraron la denuncia al canjear los bonos por nuevos títulos, que ahora entraron en default.
Fuertes críticas de los bonistas al gobierno de Ricardo Quintela por el default de la deuda
Los bonistas le hicieron fuertes críticas al gobierno de Quintela por el default de la deuda: “La provincia de La Rioja tiene un historial particularmente atroz de incumplimiento de sus obligaciones financieras”.
A través de un comunicado, habían advertido: “Fue una de las primeras provincias que defaulteó en agosto de 2020. En ese momento, los acreedores emprendieron acciones legales, poniendo fin a un incumplimiento que describieron como ‘oportunista’ y señalando que la provincia no había cumplido con el servicio de la deuda a pesar de tener un superávit del 11% de los ingresos. El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso”.
El origen del reclamo es por un bono en dólares emitido en 2017. Fue una emisión de un “bono verde” para la construcción de un parque eólico, por US$200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con US$100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.
Así, aseguraron que la administración provincial utilizó la mayor parte de los ingresos de los bonos verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco (PEA). “Luego, la Provincia concluyó una venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, una de las empresas de PEA, por US$171 millones a Pampa Energía SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos”, apuntaron los bonistas.
