Para facilitar el acondicionamiento de los trenes que impone la Emergencia pública en materia ferroviaria, el Banco Central (BCRA) definió este jueves que la importación de insumos para el sector será exceptuada del cepo al dólar y tendrá un acceso más ágil al mercado oficial de cambios.
A través de la comunicación “A” 8094, el organismo incorporó esos productos en el listado de bienes pueden hacerse de las divisas y pagar las importaciones antes de los plazos establecidos (que van de 30 a 180 días, según el tipo de bien).
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Para acceder al beneficio las importaciones se deben haber oficializado a partir del 13 de junio, el día después de la declaración de la emergencia, y ser parte de la implementación y ejecución de un plan de acción establecido por la Secretaría de Transporte en ese marco.
Los bancos con los que operen los importadores deberán contar con la documentación emitida por la Secretaría de Transporte que certifique que los bienes a abonar se encuentran comprendidos en el Plan de Acción establecido por esa secretaría.
Emergencia ferroviaria: qué significa
El Poder Ejecutivo declaró la emergencia pública en materia ferroviaria por dos años, mediante el decreto 525 del 12 de junio. La decisión llegó luego del choque de una formación de la línea San Martín contra una locomotora y un vagón vacíos en Palermo. El hecho ocurrió el 10 de mayo y un informe preliminar indicó que la causa fue una falla en el sistema de señales, que no funcionaba por un robo de cables.
El decreto asignó fondos públicos por casi $1,3 billones para mejorar la seguridad operativa de los trenes y exige a las empresas del sector que prioricen las necesidades más urgentes en materia de infraestructura, como así también en cuanto a las contrataciones necesarias para revertir la situación de emergencia.
Otro de los puntos del decreto indicaba que la AFIP debía implementar facilidades para la importación de repuestos y demás materiales necesarios para la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria.
Al mismo tiempo, el decreto pedía que los organismos que regulan las operaciones de comercio exterior tenían que facilitar el acceso a los dólares necesarios para afrontar esos gastos, tanto a las empresas públicas como a los operadores públicos o privados. En respuesta a ese pedido, el Banco Centra flexibilizó el cepo cambiario para este sector.
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El Gobierno tomó la decisión de declarar la emergencia ferroviaria antes de conseguir la aprobación de la Ley Bases. En la redacción original de esa norma, que fue rechazada por el Congreso, el Ejecutivo aspiraba a privatizar Ferrocarriles argentinos, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (SAPEM), Belgrano cargas y logística, Administración de infraestructuras ferroviarias y Operadora ferroviaria. A lo largo del debate legislativo, solamente Belgrano Cargas fue incluida entre las compañías de las que el Estado se podrá desprender.
