El Gobierno intervino la tercera obra social más grande del país tras detectar presuntas irregularidades administrativas y una fuerte acumulación de deudas. Se trata de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), que cuenta con 759.203 beneficiarios.
La falta de presentación de informes ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), sumada a las deudas crecientes, encendió las alarmas en el Ejecutivo. A pesar de haber recibido $26.000 millones del Estado, las deudas de Osprera superan los $40.000 millones. “El tamaño de sus deudas generó sospechas sobre el uso de esos fondos públicos”, indicó una fuente gubernamental.
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“Esta obra social nunca presentó un informe en la SSS en más de un año. Ni memorias ni balances. Incluso, el administrador que designó la justicia el último año, en octubre de 2023 solicitó una ayuda financiera de $3350 millones”, explicaron a TN desde la Superintendencia.
En sintonía, agregaron que “el apoyo financiero supuestamente era para subsanar deudas, algo que no ocurrió, ya que la obra social se endeudó aun más: el rojo pasó de $26.979.000 en septiembre de 2023 a $43.949.000 en marzo de 2024″.
Uno de los puntos más preocupantes de la investigación es que, según confirmaron desde un despacho oficial, el 90% de los prestadores que la entidad informa aseguraron que no tienen convenio con ella.
En este contexto, la Superintendencia de Servicios de Salud decidió intervenir la obra social “para proteger a miles de afiliados que se ven afectados por esta crisis interna”. Por eso, designó a Virginia Montero como Administradora Provisoria de la entidad.
“El análisis del Balance/2023, de acuerdo al informe emitido por la Gerencia competente el pasado 15 de mayo permite concluir que la situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros”, argumentó a través de una resolución que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
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“La intervención tiene como objetivo reordenar el sistema de salud, promoviendo la competencia entre obras sociales por brindar mejores prestaciones en lugar de disputar por cajas políticas”, aseguraron fuentes del Gobierno.
