En una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en US$3400 millones.
En este contexto, el Gobierno anunció que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”.
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Así lo dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni: “A diciembre de 2023 la cifra se ubicó en más de 1.223.000 beneficiarios, un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, Adorni mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas -de forma exprés- en menos de 30 días, cuando el trámite demora mucho más”.
Para ejemplificar, el vocero hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez.
Asimismo, se detectó que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia, ya que en la imagen se puede ver la cola del animal.
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Desde el Gobierno enfatizaron que hay personas que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, incluso fuera del país, embarcaciones y aviones privados.
A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le brindó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una “transferencia promedio desde el gobierno nacional de $1,5 millones por afiliado”.
“Las pensiones por discapacidad deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja”, indicó el vocero y cerró: “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente”.
