Pese al reclamo de los gobernadores, el Gobierno volvió a prorrogar las concesiones de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados hasta el 11 de agosto, y la de Piedra del Águila, hasta el 27 de junio. Según la resolución 78/2024 de la Secretaría de Energía publicada este lunes en el Boletín Oficial, esta extensión se otorga “a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes”.
De acuerdo con lo dispuesto, las empresas concesionarias tendrán “bajo su responsabilidad” la tarea de “continuar a cargo” de cada uno de los complejos hidroeléctricos y “cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido período”.
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Además, se determinó que la empresa Energía Sociedad Anónima (Enarsa) continuará “como veedor para todas las centrales” y “actuará con el alcance establecido en cada uno de los Contratos de Concesión”.
Para el caso de la Secretaría de Energía, se indicó que “notificará con la debida antelación a las empresas concesionarias, el curso de acción a fin de determinar el cronograma de trabajo para dar cumplimiento efectivo a la transferencia de las referidas Centrales Hidroeléctricas al Estado nacional, en su carácter de concedente”.
Sucede en plena negociación del oficialismo con los gobernadores para que el Senado apruebe la Ley Bases.
Sin lugar para el reclamo de los gobernadores
A mediados de febrero, los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, intimaron al Gobierno nacional por la prórroga en la concesión de cinco represas hidroeléctricas, cuyos contratos vencían en 2023 y fueron extendidos por 60 días.
Los jefes provinciales aseguraron que el reclamo “es en defensa de los recursos naturales de las provincias”, pidieron mayor participación en la toma de decisiones del futuro de los contratos y exigieron el control de las represas del Comahue.
Weretilneck envió una carta documento al Ministerio del interior amparada en cuatro artículos de la Constitución (1°, 5°, 121° y 124°), que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
El gobernador rionegrino también se amparó en tres artículos de la Constitución provincial (70°, 71° y 81°) que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio y le dan la potestad a la provincia para controlar y regular estos recursos.
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Por su parte, Figueroa le envío una carta documento al secretario de Energía nacional, Eduardo Rodríguez Chirillo. En ella, además, denunció la falta de respuestas por parte del Estado nacional a los planteos y advierte que la provincia “se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia”.
El conflicto entre el gobierno nacional y las provincias sureñas se produjo luego de que la secretaría de Energía prorrogara por 60 días corridos la concesión de cinco represas hidroeléctricas, cuyos contratos vencieron en 2023 y por las que las provincias de Río Negro y Neuquén reclamaban participar de la gestión.
