Una comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a la Argentina esta semana y se quedará hasta el 26 de marzo para evaluar las políticas locales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como parte de su agenda, se reunió con autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y también dialogarán con autoridades y jugadores de la industria financiera.
La Argentina tiene pendiente la adopción de una serie de recomendaciones del organismo, que están incluidas en un proyecto de ley que ya tienen media sanción de diputados y dictamen favorable de comisión en el senado, por lo que debería aprobarse en la cámara alta antes de que la visita del GAFI termine para que el país quede dentro de las naciones que cumplen con las regulaciones.
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El proyecto de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo” (Plaft) tiene acuerdo de los diferentes partidos políticos, pero todavía no logró ser incluido en la agenda de sesiones del senado. Si eso no se logra, hay chances de que la normativa salga por decreto, pero en ese caso no podrá incluir cuestiones penales (como sanciones por incumplimientos) ni impositivas.
Un punto fundamental de esa iniciativa se relaciona con la regulación de las empresas cripto que operan en el mercado local. La propuesta introduce la figura de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que agrupa a exchanges y plataformas de operación de criptomonedas, como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrado ante la CNV.
Para el usuario, este régimen no significará mayores cambios. En ese sentido, desde el sector recuerdan que ya hace tres años que la AFIP tiene información sobre las operaciones con criptoactivos. A partir de ahora, se reportarán a la UIF operaciones que resulten sospechosas de lavado, con un enfoque basado en riegos que diseñará cada plataforma (es decir, que no será por montos ni por cantidad de operaciones). En tanto, el registro ante la CNV agregará capas de seguridad, ya que se pedirán pruebas de liquidez o patrimonios mínimos a las empresas argentinas que quieran ofrecer criptomonedas al público.
Una industria autorregulada
Hasta hoy, las empresas cripto no tienen un marco legal claro en Argentina y por eso fueron diseñando su propia regulación. “A falta de reglas claras, la industria se viene autorregulando de un modo ejemplar, adoptando buenas prácticas y estándares que superan muchas veces los de ámbitos ya regulados. ¿Cómo se autorregula? A través de programas de Compliance y soluciones que utilizan la criptografía como herramienta para promover la transparencia y la trazabilidad”, explicó un informe de la billetera cripto Lemon, que participó de los Foros Regionales del GAFILAT.
“El GAFI acelera un poco los tiempos de algo que era inevitable que pase, que es la regulación cripto. Me parece que este contexto le da una oportunidad enorme al Gobierno, no solo de cumplir con las recomendaciones, sino de abordar una regulación inteligente”, dijo Carlos Peralta, líder de Políticas Públicas de Bitso Argentina.
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Y agregó: “Ninguno de los exchange que estamos en la Cámara queremos que nuestra infraestructura se utilizada para cometer delitos. Eso no le sirve a nadie: ni a la industria y ni a los usuarios cripto, a quienes también buscamos cuidar exponiéndonos a esta regulación, de modo que la normativa no recaiga sobre las personas individuales que usan y operan cripto”.
La industria pide beneficios impositivos
A través de la Cámara Argentina de Fintech, los jugadores del mundo cripto están de acuerdo con la regulación, pero piden que no haya un exceso de normativa que demore el movimiento de dinero (especialmente en su relación con el sistema financiero tradicional) o aumente la carga fiscal, lo que finalmente generaría mayor informalidad o que los usuarios elijan plataformas extranjeras en lugar de las locales.
Además, la industria impulsa una serie de beneficios fiscales para igualar los criptoactivos con otras inversiones, de modo de beneficiar a las 10 millones de cuentas de activos virtuales en Argentina. Las iniciativas que proponen son:
- Excluir del Impuesto a las Ganancias los resultados de fuente argentina obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas provenientes de la compraventa y rendimientos de activos virtuales, siempre que intervenga un PSAV inscripto en el registro ante la CNV. En el caso de las empresas, se propone que se tome el costo de adquisición y reconocer la ganancia sólo al momento de la venta y no por su mera tenencia.
- Eximir del Impuesto a los Bienes Personales a las tenencias de activos virtuales que, al 31 de diciembre de cada año, se encuentren almacenadas y/o custodiadas por un PSAV inscripto ante la CNV.
- Eliminar cualquier limitante a la exención plena al impuesto al Cheque de las cuentas recaudadoras de las PSAV inscriptas ante la CNV, como sucede con otros intermediarios en activos regulados.
