La renombrada “innegociable licuadora” ha implicado una profundización del ajuste que se viene dando hace décadas. Dicho ajuste no repercute de igual manera para todos los casos. Ello, dado que el pago de bonos o refuerzos para las jubilaciones más bajas implicó un recorte menor para dichas categorías sobre las que no se vieron beneficiadas con los mencionados bonos. Sin la implementación de los bonos o refuerzos sobre las jubilaciones mínimas con la inflación imperante, la situación hubiera sido insostenible.
El año 2023 ha cerrado con una inflación de 211,4% y el incremento de haberes según fórmula de movilidad ha sido de 110,9% para jubilados sin bono y de 140% para los jubilados a los cuales les han pagado bonos adicionales. Los números hablan por sí solos.
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Estos días nos encontramos aguardando el anuncio del aumento de las jubilaciones de marzo de 2024. Un aumento que debería haber sido ya definido por la ley de movilidad vigente. Dicha ley aumenta a las jubilaciones, tomando en cuenta en un 50% la recaudación previsional y el otro 50% según el índice RIPTE (variación salarial).
Los índices ya se conocen e indicarían que el aumento sería de entre un 30% y un 35%. Es decir, muy por debajo de la inflación. Esta fórmula no refleja los aumentos de precios imperantes, con lo cual se debería pensar en aplicar una nueva fórmula que refleje la variación de precios. Los jubilados terminan siendo con cada cambio de gobierno la variable de ajuste.
Hay una deuda pendiente con nuestros adultos mayores. Es necesario abrir un debate en el cual primeramente se analice cómo reparar el daño pasado, solucionar los errores cometidos y recomponer los haberes, teniendo en consideración las pérdidas que vienen sufriendo los jubilados hace décadas.
Más allá de eso, dada la situación de urgencia vigente, debería aplicarse un aumento de emergencia. La realidad es que los bonos que se aplican sobre las categorías más bajas, reflejan que la ley de movilidad no sirve y, por ende, subsanan parcialmente en los haberes más bajos una pérdida, descuidando a los jubilados con haberes “medios” o “altos”.
La inequidad existente actual implica que si no se hace algo para evitar que los haberes sigan perdiendo valor, la diferencia entre la inflación y la movilidad será tan grande, que hará inevitable que en algún momento haya una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que le haría pagar al gobierno actual y a los gobiernos futuros los errores del anterior. La injusticia de darle la espalda a los jubilados motivará a que inicien juicios para recuperar lo perdido con motivo de la licuación de sus ingresos.
