En medio del esquema de recortes del Gobierno de Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo anunció una recomposición del 30% para todos los jubilados según la fórmula de movilidad vigente. Sumado a ello aseguró que habrá un bono de refuerzo.
La ley de movilidad actual aumenta a las jubilaciones tomando en cuenta en un 50% la recaudación previsional y el otro 50% según el índice RIPTE (variación salarial). Es una suba que se encuentra muy por debajo de la inflación y no refleja los aumentos de precios imperantes, con lo cual se debería pensar en aplicar una nueva fórmula que se refleje en la misma la variación de precios.
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El plan económico que se está llevando adelante ha repercutido negativamente en las jubilaciones y pensiones del sistema de la ANSES colocando a estos ingresos en su peor momento histórico. La renombrada “innegociable licuadora” ha implicado una profundización del ajuste que se viene dando hace décadas.
Dicho ajuste no golpea de igual manera para todos los casos. Esto es así dado que el pago de bonos o refuerzos para las jubilaciones más bajas implicó un recorte menor para dichas categorías sobre las que no se vieron beneficiadas con los mencionados bonos. Sin la implementación de los refuerzos sobre las jubilaciones mínimas con la inflación imperante, la situación hubiera sido insostenible.
El año 2023 cerró con una inflación del 211,4% y el incremento de haberes según fórmula de movilidad ha sido de 110,9% para jubilados sin bono y de 140% para los que recibieron bonos adicionales. Los números hablan por sí solo.
Hay una deuda pendiente con nuestros adultos mayores. Es necesario abrir un debate en el cual primeramente se analice como reparar el daño pasado, solucionar los errores cometidos y recomponer los haberes teniendo en consideración las perdidas que vienen sufriendo los jubilados hace décadas.
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Más allá de eso, dada la situación de urgencia vigente, debería aplicarse un aumento de emergencia. La realidad es que los bonos que se dan a las categorías más bajas reflejan que la ley de movilidad no sirve y por ende subsanan parcialmente en los haberes mínimos una pérdida, descuidando a los jubilados con haberes “medios” o “altos”.
La inequidad existente actual implica que si no se hace algo para evitar que los haberes sigan perdiendo valor, la diferencia entre la inflación y la movilidad será tan grande, que hará inevitable que en algún momento haya una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que le haría pagar al gobierno actual y a los gobiernos futuros los errores del anterior. La injusticia de darle la espalda a los jubilados motivará a que inicien juicios para recuperar lo perdido con motivo de la licuación de sus ingresos. Ellos terminan siendo con cada cambio de gobierno la variable de ajuste.
