Luego de prorrogar el Presupuesto de 2023 para que rija este año, el Gobierno realizó la nueva asignación de recursos y el detalle de gastos en función de la nueva ley de ministerios, que establece 9 carteras. Lo hizo a través de la decisión administrativa 5/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Entre los principales recursos que se asignan, se destacan la deuda pública por $34,5 billones. El Gobierno llega a ese número con $27,5 billones de colocación de deuda; $4,1 billones de préstamos y $3,6 billones de incremento de otros pasivos.
Leé también: Dólar blue y dólar hoy. todos los precios de este viernes 12 de enero
En segundo término aparecen los recursos de la ANSES, que suman $18,6 billones. De ese total, unos $595.000 millones corresponden a “Venta de títulos y valores”, lo que hace prever que el Gobierno está pensando en desprenderse de los activos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tiene en su cartera de inversión.
En tercer lugar aparece la Agencia Nacional de Discapacidad, con una asignación de $1,3 billones. La mayor parte de esos recursos corresponden a “contribuciones figurativas”.
Con respecto a las asignaciones de recursos para áreas clave como educación y salud, la decisión administrativa indica que la secretaría de Educación (antes Ministerio) recibirá $24.900 millones y casi el total de ese monto se obtendrá mediante préstamos. Sin embargo, en el desglose de gastos, esa repartición tiene erogaciones por $2,4 billones.
En salud, en tanto, la asignación de recursos asciende a $65.357 millones para el Ministerio, aunque los gastos declarados suman $597.740 millones.
Leé también: La inflación de diciembre deja un piso elevado para los próximos meses y puede superar el 200% en 2024
Otros $97.635 millones se destinan a los hospitales nacionales, como el Posadas y el Carrillo. A la vez $112.397 millones se utilizarán en el organismo de control: la Superintendencia de Servicios de Salud (SSN). Por su parte, el Incucai -que estuvo en el centro de la polémica con Javier Milei durante la campaña electoral- recibirá unos $8700 millones.
Luego de anunciar que el Estado se retirará de las obras públicas, la decisión administrativa publicada esta mañana prevé recursos por $420.216 millones para la secretaría del área. En cambio, los gastos detallados son más del doble y llegan a los $848.896 millones.
Ingresos por “ventas”
En las partidas de recursos, aparece varias veces el ítem “Venta de bienes y servicios de administraciones públicas” como forma de generar ingresos extras. Las reparticiones más afectadas serán:
- La Policía Federal, con ventas por $5000 millones.
- Gendarmería, por $3180 millones.
- Prefectura generará ventas por $3900 millones.
- El Estado Mayor del Ejército, por $7300 millones.
- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, por $4580 millones.
- Instituto Nacional de Semillas, por $3922 millones.
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria por $13.200 millones.
- Hospital Posadas, por $2086 millones.
Empleo público: las contrataciones se informarán al ministerio de Economía
En la asignación presupuestaria se reconocen como jurisdicciones a los poderes Legislativo y Judicial, la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete, Obligaciones a Cargo del Tesoro y cada uno de los ministerios.
Además, en el artículo 2 de la decisión administrativa se establece que las asignaciones para financiar gastos de capital y adelantos a proveedores y contratistas que operan bajo la órbita del Ministerio de Defensa, integran el Fondef (Fondo Nacional de la Defensa).
“Todas las jurisdicciones y entidades deberán remitir trimestralmente a la Secretaría de Hacienda la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza, modalidad de implementación y cualquiera sea su fuente de financiamiento”, de conformidad con lo precisado en la ley 24.156 de Administración Financiera.
Leé también: El 2023 dejó los peores indicadores de precios en más de tres décadas y reflota la sombra de la hiperinflación
La prórroga del Presupuesto 2023 comenzó a regir el 1° de enero, con el agregado de una serie de modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo que ampliaron los créditos originales de la Ley 27.701 en un 39,6%, según el decreto 88/2023, publicado a fines de diciembre el Boletín Oficial.
