En la semana que terminó, el mega DNU de Javier Mieli se llevó todas las miradas. Sin embargo, un tema del frente externo se metió en la agenda: el conflicto judicial por la expropiación de YPF. La batalla legal en los tribunales estadounidenses tiene dos instancias que corren en paralelo y en las que el Gobierno que acaba de asumir pidió prórrogas.
Por un lado, el juicio en el que la jueza Loretta Preska ya falló en contra de la Argentina y la condenó a pagar US$16.100 millones. Como el país no pagó, los beneficiarios piden avanzar con los embargos, a menos que la Argentina deposite garantías por el monto equivalente al fallo, algo que el Gobierno no tiene capacidad de hacer.
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La Argentina había pedido extender 90 días el tiempo para presentar esas garantías, pero la jueza no le concedió esa posibilidad. En consecuencia, los embargos contra el país podrían arrancar el próximo 10 de enero.
Por otra parte, y aun sin haber depositado las garantías, la Argentina avanzó en la apelación del fallo de Preska en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Allí, el país solicitó una prórroga de 30 días -hasta el 23 de febrero- para presentar el primer escrito con los argumentos de la apelación. Todavía no obtuvo respuesta del tribunal.
“A diferencia de Preska, hay más chances de que la Corte de Apelaciones conceda la extensión de ese plazo porque es un primer favor hacia la Argentina”, especuló Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en el caso.
Cómo sigue el camino de los embargos
Si las garantías no se depositan hasta el 10 de enero ni hay indicios de un acuerdo entre las partes, arrancará el procedimiento para realizar los embargos. No obstante, según el exprocurador del Tesoro Sebastián Soler, la posibilidad de que se materialicen es baja.
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A través de su cuenta de X, el jurista explicó que en este caso, el país tiene los derechos que le concede el Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de inmunidad soberana extranjera) de los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurrió con los bonos emitidos en la década del ‘90 que entraron en default en 2001, en el caso YPF la Argentina no renunció a la inmunidad. Por lo tanto, Soler detalló que para que el embargo de un bien avance se tienen que cumplir tres condiciones al mismo tiempo:
- El Estado mismo es su dueño.
- El bien se usa para una actividad comercial en Estados Unidos.
- El bien que se pretende embargar es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo.
“Las tres condiciones sumadas representan un obstáculo muy grande para los demandantes. Por supuesto, eso no significa que no lo vayan a intentar igual. O que lo intenten simplemente como estrategia de hostigamiento, aun sabiendo que el embargo no puede prosperar”, indicó Soler.
Maril, por su parte, reconoció que esos tres requisitos son correctos, pero afirmó que también dependen de la interpretación que haga la magistrada que lleva la causa.
El Gobierno y una actitud negociadora ante los demandantes
Hasta que llegue la fecha en la que pueden empezar a pedir embargos, los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF -básicamente el fondo Burford) esperarán a ver si el Gobierno da algún paso para arrancar una negociación que cierre el litigio que, según las estimaciones de Maril, cuesta US$2,5 millones en intereses por día.
Al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en conferencia de prensa: “La Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre, y siempre va a respetar la decisión de la justicia en todo orden y bajo toda circunstancia, por eso estamos analizando los caminos”. Y agregó: “Estamos viendo las consecuencias de este colosal monto del que todos los argentinos tendremos que hacernos cargo”.
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El pedido de embargos en el juicio por YPF no es el único que está pendiente. Según detalló Maril, además del procedimiento que empezará a partir del 11 de enero, existen otros cuatro procesos en condiciones similares:
- El 2 de febrero habrá una audiencia en la Corte de Apelaciones de Nueva York por embargos ya autorizados en caso Attestor Master (holdouts).
- También hay un pedido de embargo sin fecha por el caso de Aerolíneas Argentinas en el CIADI.
- El 30 de noviembre de este año arrancó el discovery de activos caso Bainbridge Fund (holdouts), es decir, que ya están buscando qué se podría embargar.
- Además, se encuentran suspendidos temporalmente los pedidos de embargo en el caso del Cupón PBI en Londres.