Tras la victoria de Javier Milei y en medio de la transición, el Gobierno oficializó una nueva modificación del Presupuesto 2023. Se trata de fondos destinados a Desarrollo Social y a Salud. Las redirecciones fueron publicadas este martes a través de la decisión administrativa 886/2023 y 887/2023 (DA) en el Boletín Oficial con anexos explicativos.
Es la decimosegunda y decimotercera modificación del Presupuesto en lo que va de 2023. Y representa un total de $69.015 millones que, según argumentan estimaciones privadas, se trata de “compensaciones de créditos entre jurisdicciones, no afectando el monto total”.
Leé también: El Gobierno apura un acuerdo de transición con empresas para evitar una escalada en el precio de los alimentos
De acuerdo con lo detallado en la decisión administrativa, se trata de “gastos impostergables” para el “normal funcionamiento” de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.
El mayor monto será destinado para la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz. El informe explica que “la medida incrementa en $36.007 millones los créditos para gastos corrientes de Desarrollo Social” y será distribuida en $14.000 millones para programas de abordaje territorial (para ayudas sociales a personas y asignaciones familiares), $20.000 millones políticas alimentarias y $2000 millones para las acciones de abordaje integral comunitaria.
En el caso de la cartera que conduce Carla Vizzotti, el aumento estipulado será de $33.008 y tendrá “el fin de sostener las Ayudas Sociales a Personas y Asignaciones Familiares en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS)”.
Leé también: El Gobierno destinará más de $8000 millones para subsidios al transporte público del AMBA: los nuevos costos
“Los créditos para gastos corrientes del Ministerio de Salud, destinados a la planificación, control, regulación, estudios, investigaciones y fiscalización de la Política de Salud”, señala un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Y explica: “Este programa prevé un incentivo económico mensual equivalente al 50% de la remuneración total por un máximo del 50% del salario mínimo, vital y móvil vigente por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el programa”.
El documento indica que en ambos casos se trata de “compensaciones de créditos entre jurisdicciones, no afectando el monto total del presupuesto ni la distribución entre finalidades ni el carácter económico”. Esto significa que no es una ampliación, sino que los fondos fueron redireccionados a partir de la reducción de las obligaciones a cargo del Tesoro hacia las dos carteras.
La modificación anterior fue días previos al balotaje por una suma mayor. En esa ampliación, se sumaron $371.347 millones destinados a ANSES, el pago de salarios, obras públicas y educación.
