En un nuevo capítulo del juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, el fondo Burford, que demanda al país, presentó sus argumentos en contra del país y pidió a la jueza Loretta Preska poder avanzar con los embargos.
Esta vez, el conflicto gira en torno al depósito de las garantías que exige el proceso judicial estadounidense para que la parte que resulte condenada en el juicio pueda apelar la sentencia. En este caso, la Argentina debería depositar una garantía de US$16.100 millones, equivalentes al fallo adverso, para evitar que Burford empiece a embargar bienes mientras se realiza la apelación.
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La semana pasada, la Argentina le presentó a Preska un escrito donde argumentó que no tiene capacidad financiera ni recursos para depositar la garantía por una sentencia adversa que fue récord para una nación soberana. De todos modos, los abogados del país iniciaron el proceso de apelación. Ahora, Burford envió su respuesta a la jueza y propuso que la Argentina use las propias acciones de YPF como garantía.
Según destacó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue de cerca el juicio, en su cuenta de X, el escrito indica: “El argumento de la república de que la ley y las condiciones económicas argentinas le impiden obtener la sentencia hasta que sea inapelable también es falso. La república tiene activos por valor de miles de millones de dólares -incluidas sus acciones de YPF- que podría depositar como garantía durante la apelación”.
Los argumentos que presentó el fondo Burford contra la Argentina
A lo largo de su argumentación, los demandantes afirmaron varias veces que el país “tiene una larga historia de eludir sus compromisos” y que no tiene ninguna intención de pagar voluntariamente.
“La república ha pasado muchos años diseñando sus negocios para colocar sus activos fuera del alcance de los acreedores y su moción pone en claro que cobrar el monto de este juicio demandará un esfuerzo doloroso para descubrir activos ejecutables, obtener el reconocimiento de la sentencia en las jurisdicciones donde esos activos están localizados y después litigar contra las objeciones de la república sobre esas ejecuciones”, argumentó Burford.
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Teniendo en cuenta ese largo proceso, concluyeron que el riesgo de que los demandantes puedan identificar y embargar activos argentinos mientras dura el proceso de apelación es nulo. En ese sentido, recordaron que otros fondos, como NML, tardaron más de 10 años en conseguir que la Argentina les pagara la sentencia y que lo lograron luego de avanzar con los embargos a bienes del país.
“Una cosa está clara: la república no depositará fianza ni otros bienes independientemente de lo que decida la Corte”, argumentaron los abogados de Burford en otro pasaje del escrito, en el que consideraron que la Argentina no debería tener derecho a una suspensión del pedido de garantías.
“Conceder la moción de la República no sólo contravendría la ley vigente, sino que también privilegiaría injustamente las preocupaciones fabricadas por la república sobre el interés legítimo de los demandantes de iniciar el arduo proceso de reconocimiento y ejecución de la sentencia”, dijeron.
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Los abogados de Burford aseguraron que la Argentina no tiene ninguna intención de abonar el fallo voluntariamente, aún si la apelación le resultara desfavorable. Y destacaron que la condición de estado soberano del país complicará el cobro del fallo y que la moción argentina confirma que ese proceso será “arduo”.
El cruce de escritos por la cuestión de la garantía finalizará la semana que viene, ya que la Argentina tiene tiempo hasta el 7 de noviembre para enviar su respuesta a esta presentación. Según Maril, la decisión de la jueza Preska se conocerá alrededor del 15 de noviembre.
