Un reciente informe de la calificadora de riesgos Moody’s Investors Service señaló que la Argentina está “altamente expuesta a riesgos de gobernabilidad” a raíz de la “volatilidad financiera” y “los cambios de política”, lo que termina impactando en la “calidad crediticia soberana, bancaria y corporativa”.
En el análisis, la calificadora mantuvo la valoración de la deuda argentina en una “perspectiva estable” (Ca) aunque remarcó que “es uno de los pocos países latinoamericanos con un puntaje muy negativo en el riesgo de gobernanza (G-5)“ para el soberano.
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“El ruido político frecuente de las luchas internas y la mala coordinación de la política económica entre las ramas del Gobierno obstaculizan la confianza de los inversores”, explicó en el documento.
La política, un riesgo para las empresas
A eso le sumó “la incertidumbre” que reina en la actualidad por las futuras elecciones presidenciales, ya que, señaló, “los cambios constantes en las políticas públicas hacen que sea difícil para las empresas y los bancos predecir incluso escenarios a corto plazo, lo que genera dificultades para tomar decisiones estratégicas y de gestión de riesgos”.
Moody’s indicó que en la actualidad “las empresas enfrentan distorsiones en impuestos y subsidios, tarifas elevadas, apertura comercial limitada y, en consecuencia, mercados de productos débiles”.
Aunque agregó que “el difícil entorno macroeconómico externo agrava estos desafíos, lo que lleva a inflación muy alta y bajos niveles de reservas, aumentando el riesgo de devaluaciones que pueden elevar aún más la inflación”.
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A su vez, explicó que “las grandes tenencias de deuda del Gobierno y del Banco Central que poseen los bancos exponen la calidad de sus activos al riesgo crediticio del soberano, lo que limita el acceso a la financiación, en particular de los mercados de capital internacionales y, en última instancia, limita la capitalización”.
Sin embargo, agregó que “a pesar del estrés de la inflación y la regulación de las tasas de interés, todavía los bancos tienen fundamentos relativamente sólidos, con reservas de capital considerables después de años de bajo otorgamiento de préstamos, rentabilidad adecuada y alta liquidez”.
La calificadora también puso el foco en los “riesgos sociales” del país ante “después de un largo los períodos de alta inflación y distorsiones económicas” que desencadenaron en “mercados laborales ineficientes, aumentando la pobreza y la desigualdad internas, y dificultando el acceso a los servicios básicos, la salud y la seguridad”.
En ese sentido, Moody’s afirmó que los riesgos sociales impactan especialmente en las perspectivas crediticias de las compañías que se dedican a la infraestructura y la financiación de proyectos. Entre las más riesgosas en términos sociales, mencionó a las empresas de servicios públicos regulados, que tuvieron las tarifas congeladas por mucho tiempo y también a aquellas que dependen de las transferencias del Gobierno para realizar pagos.
